EL SECTOR DE telecomunicaciones en México se encuentra en un punto de inflexión.
A pesar de avances tecnológicos y esfuerzos de inversión por parte de operadores como AT&T y Telcel, que dirigen Mónica Aspe y Daniel Hajj, respectivamente persisten retos estructurales que limitan el cierre de la brecha digital y la adopción plena de servicios digitales por parte de la población.
Uno de los principales obstáculos señalados por representantes del sector es el alto costo del espectro radioeléctrico en México, que se estima hasta diez veces más caro que en países como Brasil.
Esta situación, regulada por autoridades como el hoy extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y ahora por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que encabeza el empoderado José Peña Merino, impacta directamente en la capacidad de los operadores para invertir en infraestructura y ofrecer servicios más accesibles. Cada peso destinado al espectro es un peso menos para expandir cobertura o mejorar la calidad del servicio.
Además, la estructura económica del país y la alta proporción de usuarios en esquemas de prepago (alrededor del 80%) reflejan una limitada capacidad de consumo digital.
La inclusión financiera, aún incipiente, también juega un papel clave en este escenario. Por lo que la colaboración público-privada se perfila como una vía indispensable para avanzar. Sin políticas públicas claras, incentivos adecuados y reglas parejas, difícilmente se logrará una transformación sostenible del ecosistema digital.
La llegada del 5G y proyectos como Open Gateway, impulsados por los principales operadores del país, abren nuevas posibilidades, especialmente en el ámbito empresarial (B2B).
Sin embargo, su monetización aún enfrenta incertidumbres, y su éxito dependerá de la coordinación entre actores del sector, fabricantes y autoridades regulatorias.
Por otro lado, la inteligencia artificial comienza a integrarse en las operaciones de empresas como AT&T y Telcel, mejorando procesos internos, atención al cliente y análisis predictivo. Aunque aún en etapas tempranas, esta tecnología promete ser un catalizador de eficiencia y personalización en los servicios.
El mercado mexicano de telecomunicaciones avanza, pero lo hace con fricciones. Superar los desafíos de costos, cobertura, inclusión y regulación será clave para que el país no solo cierre su brecha digital, sino que también se posicione como un referente regional en innovación y conectividad.
EL GLOBAL BUSINESS Complexity Index 2025, realizado por TMF Group posiciona a México como el tercer país más complejo del mundo para hacer negocios. La firma, que en México dirige Dunia Salomón, considera que este ascenso refleja un entorno regulatorio en evolución, impulsado por reformas laborales y sociales. Aunque estas medidas buscan mejorar condiciones estructurales, también elevan los desafíos administrativos. Sin embargo, la complejidad no implica inestabilidad: marcos legales previsibles permiten a las empresas adaptarse.
SEGÚN LA ENAFIN 2024, el 14.9% de las empresas mexicanas enfrentaron problemas con servicios financieros, siendo los cargos no reconocidos la principal afectación. Además, casi el 90% reportó obstáculos para su crecimiento, atribuidos en su mayoría a la situación económica nacional. Aunque más de la mitad de las empresas solicitó financiamiento, los bancos siguen siendo la fuente principal.
EL SECRETARIO DE Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, presumió que el estado se posiciona como polo estratégico para la inversión. Con al menos 12 empresas en trámites avanzados, sectores como la electromovilidad y la tecnología destacan. Ciudad Modelo y cinco parques industriales refuerzan esta apuesta, respaldados por infraestructura, conectividad y capital humano. Los incentivos fiscales y la descentralización fortalecen su atractivo, perfilando al estado como un motor emergente del desarrollo regional.
LA SENTENCIA EMITIDA por el IFECOM en el concurso mercantil de Grupo Vasconia y su filial Almexa marca un paso clave en su reorganización financiera. El fallo reconoce y ordena los créditos, destacando al Banco Sabadell (ahora Lurasar) como acreedor prioritario. En total, se identificaron 170 acreedores comunes, principalmente proveedores e instituciones financieras.
