El caso de la venta irregular de unos terrenos federales al empresario hotelero José Antonio Chapur avanza en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Niego, y que involucra también a la Sedatu que entonces titulaba Rosario Robles; publicó La Política Online.
El caso se trata de un terreno federal que fue puesto en venta por esta dependencia y en cuya transacción pudieran estar involucradas empresas fantasmas. Es una maniobra que parece seguir una ruta similar al caso conocido como “la estafa maestra”, de acuerdo con la línea de investigación que sigue la Unidad.
Nieto Castillo confirmó en una declaración pasada que los terrenos federales “eran también vendidos a empresas fachada. Nos parece que esto puede llegar a otro tipo de responsabilidades”, por lo que la investigación se notificó a la Fiscalía.
De acuerdo con información de Grupo Reforma, se trata de un predio ubicado en la carretera Cancún-Quintana Roo y que tiene una valuación de 240 millones de pesos, pero fue vendida en una vigésima parte de su valor.
En un inicio la venta se hizo a nombre de Vicente Francisco Cetina Novelo y en 2016 se revendió a José Antonio Chapur Zahour, ligado al expresidente y cuyos planes para este predio han generado una fuerte controversia y han puesto en mayor evidencia la posibilidad de un fraude en la operación.
Y es que el empresario, junto con su hermano Roberto, planean construir un complejo de lujo tras la división en 2012 del Grupo Palace Resorts, pero la compra de este terreno al parecer se habría hecho al vapor, creciendo las sospechas de que se favoreció a este comprador.
A esto se suma, que medios nacionales habían dado a conocer que la disputa legal entre los hermanos Roberto y José Antonio Chapur Zahoul por supuestamente este terreno costero en la Riviera Maya, donde cada empresario pretende construir su propio complejo tras la división en 2012 del Grupo Palace Resorts en dos operadoras, ha puesto al descubierto este supuesto caso de corrupción en la zona.
Se trata del remate de más de 260 hectáreas propiedad de la nación por autoridades federales de la anterior administración por el cual se presume un daño patrimonial superior a los 1.100 millones de pesos.
Supuesta cronología de hechos
El portal Reportur, a través de una nota fechada este 4 de julio del 2019, detallaba que de acuerdo con la demanda de amparo solicitada por Roberto, fue el 15 de febrero de 2016 cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) oficializó la venta de las 262-55-92 hectáreas a favor del ejidatario Francisco Vicente Cetina Novelo, en la cantidad de 61.491.365 pesos, quien meses después lo revendió a la empresa IHC Inmobiliaria S.A. de C.V., cuyo principal accionista es José Antonio Chapur Zahoul.
La demanda de amparo pretende echar abajo la titulación del predio a favor de Cetina Novelo o los actuales posesionarios del predio en disputa, debido a que se “cometieron diversas irregularidades en el procedimiento”. Durante el procedimiento Roberto Chapur ordenó al juez dar vista al Ministerio Público Federal toda vez que se advirtieron actos que pudieran derivar en algún delito por parte de la ahora ex titular de la Sedatu, Rosario Robles, así como de Luis Bastarrachea Sosa, quien encabezó la Dirección General de la Propiedad Rural de la misma dependencia.
Entre las irregularidades reclamadas en el amparo, resalta el interés de Bastarrachea Sosa por acelerar la inscripción del título de propiedad. Tanto es así, que hasta se presentó personalmente a la delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Playa del Carmen para recibir en sus propias manos el título de propiedad a nombre de Cetina Novelo.
El 15 de enero de 2016, la Sedatu comunicó al señor Cetina que los honorarios del Indaabin por actualizar el avalúo del predio ascendían a 1.300.040 pesos. Cuatro días después se realizó el pago y el 22 de enero el Indaabin emitió dictamen determinando que el predio tenía un valor comercial de 61.491.365 pesos, sin considerar el valor que representa su potencial según el uso del suelo, que permite construir diez cuartos de hotel por cada hectárea. En el mercado dicho potencial se vende en 10 mil dólares por cuarto o llave.
El 8 de febrero siguiente, la Sedatu emite un acuerdo de procedencia de enajenación y lo notifica ese mismo día a Cetina, quien deposita los 61 millones de pesos día 12 de febrero en la cuenta del Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural (Fonarde), pero se desconoce el origen de los recursos con que se realizó el pago. Seis meses después el terreno es adquirido a través de una compañía de José Chapur.