El mandatario ugandés ha ratificado una ley altamente controvertida que apunta directamente a la comunidad LGBT, imponiendo sanciones drásticas para las relaciones entre personas del mismo sexo. Esta normativa ha generado una gran condena por parte de gobiernos occidentales y es ampliamente reconocida como una de las más represivas en todo el mundo.
La ley, condenada tanto por la ONU como por países como Estados Unidos, fue aprobada el 21 de marzo en el Parlamento. Los legisladores justificaron esta norma argumentando que busca «protegen la cultura nacional y sus valores».
«El presidente aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023», anunció el despacho del mandatario, Yoweri Museveni, en un breve comunicado en su cuenta de Twitter.
La aprobación generó inquietud ante las preocupaciones surgidas en los primeros análisis, en los cuales el representante principal de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, describió el documento como «discriminatorio».
El alto comisionado expresó su «consternación» por la promulgación de esta legislación «draconiana», que «es contraria a la Constitución y los tratados internacionales», pues abre vías para que haya «violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT».
La revisión del documento
A fines de abril, el presidente Museveni solicitó a los legisladores que revisaran nuevamente el documento, instándolos a especificar que no se considera un delito «ser homosexual», pero que las relaciones entre personas del mismo género sí están penalizadas.
La modificación dejó en claro que la orientación sexual no será criminalizada, pero sí se castigarán los «actos» relacionados, incluso con la posibilidad de una sentencia de cadena perpetua.
A pesar de que Museveni instó a los legisladores a remover una cláusula que castiga la «homosexualidad agravada», los parlamentarios decidieron mantener esta disposición que implica que individuos reincidentes podrían enfrentar incluso la pena de muerte.
Desde la época de la colonización, la homosexualidad ha sido considerada un delito en Uganda, pero desde que obtuvo su independencia en 1962, no se ha registrado ninguna condena por relaciones consensuales entre personas del mismo sexo.
La legislación actual cuenta con un amplio respaldo por parte de la opinión pública en Uganda, un país mayoritariamente cristiano en el que la religión tiene un papel muy importante y donde la comunidad LGBT enfrenta una gran discriminación.
Durante el debate de la ley en el Parlamento, se observaron el uso de insultos homofóbicos y el presidente mismo se refirió a las personas que experimentan atracción hacia individuos de su mismo género utilizando términos como «pervertidas».