La Corte Suprema permite su suspensión mientras continúa la batalla legal
El presidente Donald Trump dio un paso más hacia la eliminación de uno de los programas migratorios más importantes de la era Biden. Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que su Gobierno suspenda el programa de “parole humanitario”, que otorgaba permisos temporales de permanencia y trabajo a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La medida afecta a más de 500,000 inmigrantes que ya se beneficiaban del programa, y aunque la decisión del alto tribunal no es definitiva, sí autoriza a la administración actual a comenzar el proceso de cancelación y posible deportación mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.
Un fallo dividido en la Corte
La orden, emitida de manera breve y sin firma, contó con la disidencia pública de las jueces Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. El fallo se suma a una serie de decisiones recientes que le han dado la razón al Gobierno de Trump en su esfuerzo por revertir políticas migratorias instauradas por su antecesor.
Pocos días antes, el mismo tribunal despejó el camino para eliminar otra protección temporal dirigida principalmente a migrantes venezolanos, que les permitía trabajar legalmente mientras tramitaban su situación migratoria.
¿Qué es el “parole humanitario”?
El “parole” migratorio no es nuevo. Su origen se remonta a la década de 1950, durante la administración de Dwight D. Eisenhower, y permite al Gobierno conceder permisos temporales por razones humanitarias o de interés público. Con este beneficio, los migrantes pueden vivir y trabajar legalmente en el país por un período limitado, normalmente de dos años.
Bajo la administración de Joe Biden, el programa fue relanzado en 2023 para migrantes de países con fuertes crisis humanitarias. Los solicitantes debían cumplir con estrictos requisitos: ingresar al país de forma legal, contar con un patrocinador en Estados Unidos y superar una verificación de seguridad.
Trump quiere revocar todo el programa
Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha dejado claro su objetivo de revertir la política migratoria de su predecesor. En su primer día de mandato firmó un decreto para poner fin al programa de parole en su totalidad, argumentando que había sido un incentivo para la inmigración ilegal y que violaba los principios de control fronterizo.
Su administración argumentó ante la Corte Suprema que la decisión de eliminar estos permisos fue una de las más relevantes en su agenda migratoria, y que las órdenes de tribunales inferiores habían obstaculizado políticas cruciales respaldadas por el voto popular.
Tribunales inferiores cuestionan su legalidad
La jueza federal Indira Talwani, nominada por Barack Obama, bloqueó temporalmente la cancelación total del programa en respuesta a una demanda colectiva de migrantes afectados. Según Talwani, el Gobierno tiene autoridad para revocar permisos caso por caso, pero no para eliminar el programa de forma masiva sin un proceso individual.
El tribunal de apelaciones de Boston respaldó en parte esa visión el pasado 5 de mayo, al rechazar una solicitud del Gobierno para dejar sin efecto la orden de Talwani. El panel de tres jueces –dos designados por Biden y uno por Obama– expresó dudas sobre la facultad legal de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para acabar con el programa de forma categórica.
Un enfoque agresivo en inmigración
Este caso forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por Trump desde su retorno al poder. Solo en los primeros meses de 2025, la Corte Suprema ha recibido más de una docena de apelaciones de emergencia del Gobierno, muchas relacionadas con inmigración.
Además del caso del parole, el tribunal ha escuchado argumentos sobre la propuesta para eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento y ha intervenido en decisiones sobre deportaciones aceleradas, invocando incluso una antigua ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
¿Qué viene ahora?
Aunque la suspensión del programa ya es efectiva, la batalla legal continúa. El caso deberá ser resuelto de forma definitiva por tribunales inferiores, lo que podría tomar meses. Mientras tanto, miles de migrantes permanecen en un limbo legal, con la incertidumbre de saber si podrán quedarse en el país o serán deportados en cualquier momento.
La política migratoria vuelve a colocarse en el centro del debate nacional, marcando diferencias profundas entre las administraciones pasadas y la actual, y dejando en vilo el futuro de miles de familias que encontraron una oportunidad en este programa humanitario.
