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    Tren Maya: Inauguración marcada por controversias y oposición

    Opinión

    En las próximas horas, el ambicioso proyecto de infraestructura conocido como el Tren Maya dará inicio a sus operaciones, marcando el hito inicial de la obra que se ha convertido en el estandarte del Gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, este debut se limitará al primer tramo completado, que abarca desde Campeche hasta la ciudad de Cancún, en Quintana Roo.

    Contrario a lo planteado inicialmente, los precios de los boletos para abordar el tren oscilan entre 1,166 y 1,862 pesos mexicanos (equivalente a 68 y 108 dólares), distantes de la tarifa estimada de alrededor de 60 pesos (aproximadamente cuatro dólares) para los visitantes nacionales. Este ajuste en los precios se suma a un aumento significativo en el presupuesto destinado a la infraestructura, que se ha elevado hasta casi triplicarse, alcanzando cerca de 500 mil millones de pesos, financiados completamente con fondos públicos.

    El presidente López Obrador se dirigió hacia el lugar donde se llevará a cabo la inauguración de esta megaproyecto, rodeado aún por disputas relacionadas con los recursos y áreas naturales atravesadas por la ruta, así como por los impactos generados en las dinámicas territoriales y sociales de diversas comunidades circundantes debido a los trabajos de construcción.

    Este acontecimiento representa uno de los días más esperados por la Administración Federal actual. Al inaugurar este viernes el Tren Maya, el presidente también marca el comienzo de los últimos meses de su mandato, cumpliendo con la promesa hecha en 2018 de conectar «una de las regiones de mayor importancia cultural en el mundo».

    El viaje inaugural del mandatario partirá desde San Francisco de Campeche hacia Mérida, Yucatán, y finalizará en Cancún, según informó el general Óscar David Lozano, responsable de la obra. El tren de pasajeros comenzará a operar el sábado 16, con salidas a las 7:00 y 11:00 desde Campeche y Cancún, respectivamente. El próximo 15 de enero se añadirá un tercer tren, mientras que para el 31 de enero se prevé el funcionamiento de la ruta de Palenque a Cancún. La inauguración completa del sistema ferroviario está programada hasta el 29 de febrero.

    No obstante, a pesar de este avance parcial, la totalidad de las estaciones y tramos no están completamente finalizados. En particular, el tramo 4 aún no ha concluido sus obras, y tanto Chichén Itzá como Cancún están en la etapa de acabados y ajustes en sus infraestructuras.

    La resistencia y oposición hacia esta megainfraestructura han crecido. Más de 25 amparos impulsados por diversas organizaciones civiles, activistas, académicos y ciudadanos denuncian un posible ecocidio y una actitud indiferente ante la imposición de una obra turística que está transformando no solo el paisaje, sino también las dinámicas sociales de las comunidades circundantes.

    Grupos como Sélvame del Tren, Selva Maya SOS, La Selva Salva, Voces Unidas Puerto Morelos, Puerto Morelos Sustentable, Voto por el Clima, entre otros, continúan expresando su rechazo al Tren Maya. Han cuestionado públicamente al presidente López Obrador sobre la posible deforestación, destrucción de cenotes, impacto en las culturas locales y el aumento de problemas sociales como feminicidios, desapariciones, delincuencia e inseguridad.

    Se han reportado denuncias de grupos de madres buscadoras en Cancún sobre el incremento de desapariciones en áreas cercanas a los sitios de construcción, donde trabajadores migrantes han llegado desde diferentes estados como Tabasco, Veracruz y el Estado de México.

    Otro punto de crítica es la militarización de las zonas adyacentes a los tramos del tren, bajo el control de la Secretaría de la Defensa (Sedena). El reciente aeropuerto militar de Tulum, con una inversión de 3,200 millones de pesos, ha sido objeto de críticas al funcionar como base militar según lo indican los activistas.

    La controversia y oposición persisten en torno al Tren Maya, alimentando un intenso debate sobre los costos, impactos ambientales y sociales, desencadenando una serie de interrogantes sobre el verdadero legado que este proyecto dejará en la península de Yucatán.

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