“Una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México; claro que son libres, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria”.
Desde que arrancó el gobierno de la 4T, el gremio de los profesionales de la abogacía tampoco se ha salvado de los embates y señalamientos de Andrés Manuel López Obrador. Ayer lo vimos otra vez.
Para el presidente de la República, el libre ejercicio de la profesión del Derecho se acaba cuando sus intereses empiezan a ser vulnerados: entonces los litigantes se vuelven contra el país y su pueblo.
Desde que arrancó el gobierno muchos litigantes han sido amenazados, acosados y perseguidos. Los más en los ámbitos fiscales y penales, que ha sido la parte de la liga más delgada.
Despachos como los de Javier Coello Trejo, José Luis Nassar Daw, Diego Ruiz, Ángel Junquera y Fernando Ruiz, por ejemplo, fueron hostigados y presionados para dejar casos y defensas de alto impacto.
Las hostilidades ya fueron objetos de denuncias en el extranjero ante instancias como la Barra Internacional de Abogados y el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El tema va seguir creciendo porque mientras López Obrador se radicalice en sus posiciones absolutistas, como la iniciativa preferente que hoy se vota para la Ley de la Industria Eléctrica, la resistencia aumentará.
Las cámaras y asociaciones empresariales se están atrincherando en el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, un cuerpo de abogados que trabajan pro bono y que buscan acotar el autoritarismo y sin razón de la 4T.
Su objetivo es judicializar todo lo que consideren una imposición del actual gobierno y su partido, Morena, como la eliminación de los fideicomisos, la desaparición de los organismos reguladores autónomos, leyes de etiquetado, construcción del nuevo aeropuerto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y demás iniciativas.
La virulenta reacción de ayer del presidente, que llamó “traidores de la Patria” a los abogados que defienden a quienes se oponen a sus políticas, se inscribe en esa lucha que ahora se dará en materia eléctrica.
El Consejo Coordinador Empresarial que preside Carlos Salazar, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que lidera Claudia Jañez y la American Chamber of Commerce que lleva Mónica Flores, avisaron que esa ley y otras más, como la que desaparece el outsourcing, darían pie a una avalancha de demandas.
Bufetes como Zinser, Esponda y Gómez Mont de Alberto Zinser; Aguilar y Quevedo de Alonso Aguilar Zínser; o Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez de Carlos Aiza, son los asesores legales naturales de las partes que suelen entrar en conflicto.
Lo mismo White & Case de Ismael Reyes Retana, Ritch-Mueller de Luis de Nicolau, Galicia Abogados de Manuel Galicia, Holland & Knigth de Carlos Vejar, Jones Day de Antonio Franck o Bufete Asali de Luis Asali, solo por mencionar algunos.
¿Traidores a la patria? Prepárese para lo que va venir: defensas y contraataques en la esfera jurídica en pos de la preservación del estado de Derecho, hoy monitoreado minuciosamente desde el extranjero.
El proceso que sigue adelante es el de la venta de Kio Networks, que dirige Sergio Rosengaus. Le informé en su momento que María Asunción Aramburuzabala contrató como agente financiero a Goldman Sachs, que capitanea aquí Manuel Camacho Velasco. La empresaria pretendía 800 millones de dólares, pero sin incluir “los fierros”, es decir solo software y los contratos, preponderantemente ganados en los dos últimos gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, muchos están venciendo y Andrés Manuel López Obrador se los está quitando. Nos dicen que ahora es por todo el negocio. Software y hardware. Se esperan recibir ofertas vinculantes para la segunda semana de marzo.
Exitus capital, que comanda Carlos Rahmane, anunció la apertura de una bolsa de 100 millones de dólares que estará destinada a financiar a la industria automotriz mexicana, seriamente afectada el año pasado por los cierres temporales del sector, que no obstante se prevé registre este año un crecimiento de 24% en sus exportaciones. Se trata de una serie de esquemas, en el que destaca el factoraje internacional, con el que se facilitará a las firmas el acceso a capital que les permita generar liquidez al cubrir sus cuentas por cobrar en Estados Unidos, Canadá y Europa. No es la primera ocasión que Exitus sale al rescate de las pequeñas y medianas empresas del país, sobre todo en esta coyuntura de crisis sanitaria.
Ayer el presidente volvió a referirse a las famosas sucursales del Banco del Bienestar. Ahora dijo que en junio “vamos a inaugurar mil sucursales y el año próximo mil 600”. Nuevamente prometió que para finales de 2022 habrá 2 mil 600 nuevas. La cuestión es que el compromiso de Andrés Manuel López Obrador a principios de 2020 es que se iban a construir 100 sucursales por mes y terminó el año con apenas 372 construidas, de las que 157 terminaron equipadas. Si no se cumplió el objetivo el año pasado de tener edificadas mil 200 puntos, esperemos que ahora sí en junio próximo la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, cumpla las primeras mil sucursales.