Walmart es un expediente que requiere toda la atención ya. Desde enero los focos rojos se prendieron en el área legal.
Mediante la asesoría de avezados fiscalistas, el gigante fundado por Sam Walton históricamente ha pagado un porcentaje muy bajo de impuestos contra lo que vende en México.
No sería extraño que sea a la que se refirió hace unos días Andrés Manuel López Obrador, cuando en la mañanera montó en cólera por la respuesta que una gran empresa dio a los auditores del SAT.
Ese todavía misterioso contribuyente mandó decir que solo pagarían 300 millones de pesos, y que si no se los tomaban se irían al litigio. Háganle como quieran, palabras más, palabras menos, contestó.
Francia Alarcón es la directora de Impuestos de esta minorista. Hasta hace año y medio la multinacional que preside Guilherme Loureiro tenía al despacho Chevez Ruiz Zamarripa como principal asesor fiscal.
Pero cambió a Basham Ringe Correa. Tanto la firma que capitanea Fernando Ruiz como la que comanda Juan José López de Silanes, son muy agresivas en el diseño de estrategias fiscales para sus clientes.
Frente al choque de trenes que se ve venir, el corporativo de Bentonville, Arkansas, mandó por delante a su principal peso pesado a negociar directamente con el SAT.
Hablamos de Alberto Sepúlveda, el Vicepresidente Legal, que primero trató de tender puentes que Margarita Ríos-Farjat y que ahora tendrá la dura tarea de contener las acciones legales que Raquel Buenrostro y el Procurador Fiscal, Carlos Romero, preparan.
Pero habría otra agravante más para las huestes de Walmart de México. En la Fiscalía General de la República los sabuesos de Alejandro Gertz Manero le buscan hasta por debajo de las piedras.
Se conoce que Juan Ramos López, titular de la Subfiscalía Especializada en Investigación de Delitos Federales, sigue la línea de corrupción en la filial de la multinacional que preside Mike Duke.
El objetivo es encontrar supuestos actos ilegales, aunque otras voces refieren que las diferencias tienen que ver con el particular estilo de operar de este funcionario que llegó a esa posición hace casi un año.
También en el frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, que lleva el protagónico Ricardo Sheffield, la 4T ya dictó una clara línea al guanajuatense.
La instrucción a la Profeco fue hacer marcaje personal, entrada la Fase 3 de la pandemia, en la venta de bienes de consumo esenciales a la población para evitar acaparamiento y elevación de precios.
Y es que el grupo posee en México 2 mil 572 tiendas de las que 2 mil 36 son Bodegas Aurrerá, 280 hipermercados Walmart, 93 supermercados tipo Superama y 163 clubes de precio Sam’s.
Solo el año pasado, uno de los más rentables en su historia, abrió 134 puntos de venta, la mayoría del tipo Aurrerá, enfocados a las clases más bajas. Su presencia ya superó las 600 ciudades del país.
Walmart da empleo aquí a más de 5 mil personas. ¿Todo el poder del estado contra el gigante del retail?
SE ACABÓ. INTERJET ahora sí soltó las amarras y empezó a buscar despacho de abogados que le abra camino al Concurso Mercantil. La compañía de Miguel Alemán Magnani se resistió por más de un año a tomar esa ruta. Parece que se convenció que Andrés Manuel López Obrador no saldrá a rescatarla y desde esta semana se empezaron a barajar nombres de algunos expertos. Apunte a Jorge Gastélum, que manejó los procesos de Mexicana y Aviacsa. Igualmente Jaime Guerra, con una larga lista entre las que destacan AHMSA y Metrofinanciera. O bien Thomas Heather con Satmex y Geo. En las últimas horas la situación de la compañía que dirige William Shaw se agravó. Ayer la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) suspendió su membresía por impago. Esto le imposibilita el uso de la cámara de compensación que permite a las aerolíneas la liquidación de los cargos interempresas. Y horas antes el SAT, que comanda Raquel Buenrostro, le embargo 7 aviones que tenía resguardados en un hangar del aeropuerto de la CDMX.
OTROS EMPRESARIOS EN la mira del SAT y de la Procuraduría Fiscal son los Bours. Los encabeza Eduardo Bours Castelo, a quien el ala dura del Lopezobradorismo responsabiliza como entonces gobernador de Sonora del triste caso del incendio de la Guardería ABC, en la que murieron 49 niños y otros 106 quedaron lesionados. La familia es dueña, entre muchos otros negocios, de Bachoco y Megacable. A ésta última los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña le condonaron impuestos por unos 590 millones de pesos. El despacho del exsenador priísta Natividad González Parás está litigando el caso con los de la 4T.
OLEGARIO VÁZQUEZ ALDIR o Carlos Slim Helú. El Tramo 2 del Tren Maya que hoy adjudica el Fonatur podría quedar en las manos de estos dos empresarios, cuyos consorcios pelean cerradamente y son los que lideran los pronósticos. El primero ofertó 15 mil 652 millones 727 mil pesos y el segundo 15 mil 994 millones 602 mil pesos. La diferencia son poco más de 341 millones de pesos, números redondos. Son propuestas que no incluyen el IVA. El tramo de 222 kilómetros corre por todo el estado de Campeche, desde Escárcega hasta la zona de Calkiní.
OTRA VEZ CARLOS Slim. También lidera apuestas para que esta tarde, si no sucede nada extraordinario, la Secretaría de Economía le asigne el contrato de aprovisionamiento de infraestructura para centros de datos, la licitación de la que le hablé y que se declaró desierta. El proceso lo lleva el director de Tecnologías de Información, Juan Miguel de la Garza, y el representante de Gobierno Digital de Presidencia, Daniel Casados. Triara redujo en 20 millones de pesos su oferta incial y ahora está en 136 millones. Axtel, de Rolando Zubirán, se quedó en 175 millones.
LA POBREZA FRANCISCANA decretada por la 4T llegó al absurdo de limitar el uso de computadoras personales y líneas de telefonía fija en algunas dependencias de la administración federal. Precisamente en Economía, que lleva Graciela Márquez, de ahora en adelate habrá una PC y un teléfono para cada 4 servidores públicos. En sindicato que lidera José Guzmán ya protestó, porque la disposición no solo contraviene la ley, sino que están obligando a los trabajadores a violar el #quédateencasa para ir a respaldar la información contenida en sus respectivos equipos de trabajo.
AUNQUE YA SE reportó a Bolsa, casi pasó desapercibido. Guadalupe Phillips Margáin y Mónica Aspe Bernal fueron integradas como nuevas consejeras patrimoniales en Volaris, que dirige Enrique Beltranena. La primera, directora de ICA, trabajó muchos años en Televisa, ya ex socio fundador de Volaris. Y la segunda, flamante CEO de AT&T México, es hija de Pedro Aspe Armella, quien creó la aerolínea. Por lo demás, se informó el relevo de Alfonso González Migoya de la presidencia, lugar que fue ocupado por Ben Franke, el dueño del fondo Indigo Partners.