LAS FILTRACIONES ATRIBUIDAS al grupo Guacamayas vinieron a confirmar que los secretarios de la Defensa y de la Marina del gobierno de la 4T no solo no simpatizan, sino que viven enfrentados.
Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda compiten a diario tener una mayor ascendencia en el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no escatima nada en aras de tenerlos a gusto.
El inquilino de Palacio Nacional lo mismo les asigna el control de nuevas empresas, que concesiones alrededor de ellas y por supuesto las ganancias para engrosar sus pensiones.
Esa rivalidad se ha expresado a lo largo de estos cuatro años en una desenfrenada carrera por ver quién, el ejército o la armada, ocupa mayores espacios en las aduanas, mismas que la milicia y la marina se reparten.
Pero ahora mismo la Sedena y la Semar, o para decirlo mejor, el general Sandoval y el almirante Ojeda, están enfrentados por el control de un activo estratégico en la vida del país: el espacio aéreo mexicano.
En Senado de la República se quedó varada desde hace tres meses una iniciativa de ley que llegó de diputados, pero que fue promovida desde abril por el Ejecutivo a fin de militarizar esa función.
En la actualidad la rectoría del espacio aéreo es competencia de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, cuyo encargado del despacho es el subsecretario Jorge Nuño.
Lo administra Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que dirige Ricardo Torres Muela, pero la iniciativa en cuestión fue lo último que trabajó su antecesor, Víctor Manuel Hernández.
El punto es que atrás de este ex funcionario estuvo la Defensa y la iniciativa pretende transferir el mando civil a la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que comanda José Gerardo Vega.
En ningún momento ni Hernández ni la Sedena ni la FAM consideraron a la Marina, que posee una flota de aproximadamente 118 aviones, de los cuales 68 son de ala fija y unos 50 son helicópteros.
Para la Sedena prevalece un mal uso de la infraestructura aeroportuaria y del espacio aéreo mexicano, que es fomentado por la inobservancia de la normatividad aplicable y la corrupción.
Las disfunciones que ha detectado ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil, pues permiten la circulación de vuelos clandestinos, aeronaves sin mantenimiento y tripulaciones sin calificación para pilotear el material aéreo, principales causas de accidentes aéreos.
Hoy la dirección del Aeropuerto de la CdMx está en manos de un marino, el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, y el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles por un militar, general Isidoro Pastor.
A la Agencia Federal de Aviación Civil acaba de llegar otro de la Sedena, el general Miguel Enrique Vallín, mientras que la empresa que administrará el nuevo aeropuerto de Tulum y, eventualmente, la nueva aerolínea, es dirigida por otro verde, el general René Trujillo.
POR CIERTO QUE el mismo Secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, paró en seco la semana pasada la adjudicación del contrato de unos 10 mil millones de pesos para equipar unos 17 centros aduaneros marítimos del que le habíamos referido. Y es que sin decir nada, el Capitán de Navío, Carlos Alberto Gómez, director general de Fomento y Administración Portuaria de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, se adelantó a todos y estuvo a punto de asignarlo. El punto más delicado que llevó a frenar de golpe el proceso, el cual había dejado en marcha el anterior titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, es que se pretendía adquirir tecnología china, lo que ya le decía prendió las alarmas tanto en la embajada americana que encabeza Ken Salazar como en Washington. A estas alturas no es descartable que la adquisición de los sistemas se cancele, en tanto no se tengan opciones tecnológicas de equipos que Estados Unidos no considere intrusivos y pongan en riesgo su seguridad nacional.
PUES A VER si en una de ésas y Citi termina por no vender Banamex. Y es que cada día que pasa el escenario financiero se enrarece más haciendo muy cuesta arriba el objetivo de Jane Fraser y sus muchachos de lograr ofertas por arriba de los 10 mil millones de dólares. En la recta final solo dos grupos: el de Germán Larrea con un conjunto de empresarios en el que al final sí se sumó Carlos Slim, y el de Daniel Becker con fondos internacionales y otro grupo de inversionistas locales. El reto va ser sortear las súbitas subidas de tasas de interés y caídas de las bolsas, además de algunos pasivos ocultos que el banco dirigido por Manuel Romo acusa, y que también habrían influido para que Banorte, que preside Carlos Hank González, se desistiera de seguir en la puja. Amén del costo laboral agregue temas fiscales no resueltos aún con el SAT, que ahora dirige Antonio Martínez Dagnino. Se habla de discrepancias en pagos de ISR entre 2017 y 2020, al final de la gestión de Ernesto Torres Cantú.
Y YA QUE hablamos de Banamex, Ricardo Salinas Pliego fue el primero en bajarse del proceso, hace alrededor de cuatro meses. Justo hoy Banco Azteca está cumpliendo 20 años. A la vuelta de dos décadas la institución que dirige Alejandro Valenzuela atiende a 23 millones de clientes, posee una red de mil 995 sucursales y es el número uno en puntos de contacto con 4 mil 700 establecimientos. Es además el líder en cuentas de afores con 16.2 millones y en número de créditos para pensionados y jubilados. Asimismo, cuenta con más de 11 millones de clientes en remesas, de los cuales 3.6 millones están bancarizados a través de Banco Azteca. La empresa fue la primera en México en aplicar el sistema de huella biométrica y su App posee hoy 18 millones de usuarios, que pueden solicitar una aclaración en menos de 10 segundos y obtener una respuesta en solo tres días, gracias a una robusta plataforma tecnológica.
AYER UNIFIN PRESENTÓ suplan de reestructura financiera. Un punto nodal que plantea la empresa de Rodrigo Lebois, al igual que en su momento lo hizo Crédito Real, la de Ángel Romanos, es pagar el 100% de los préstamos de la banca de desarrollo, léase Nafin-Bancomext que lleva Luis Antonio Ramírez y Banobras que capitanea Jorge Mendoza. Solo ahí hay créditos no garantizados por poco más de 12 mil millones de pesos. A los tenedores de certificados bursátiles, que poseen otros 3 mil 200 millones y donde están afore Azteca de Ricardo Salinas, afore Coppel de Enrique Coppel y el Infonavit de Carlos Martínez, se les está proponiendo patear la deuda once años sin quitas. Unifin, que dirige Sergio Camacho, está negociando un crédito en posesión del deudor o DIP. La deuda a restructurar ronda los 70 mil millones. El esquema luce atractivo.