Carlos Canabal Ruiz, expresidente municipal interino de Cancún entre 2004 y 2005, se fugó el pasado 26 de abril de su prisión domiciliaria en San Pedro Garza García, Nuevo León, tras haber recibido beneficios judiciales que aligeraron su custodia. El exfuncionario enfrenta un proceso penal por presunta administración fraudulenta por más de 531 millones de pesos en agravio de las empresas recolectoras de basura LV S.A. de C.V. e Inteligencia México S.A. de C.V.
La fuga de Canabal ocurrió luego de que un juez federal con sede en Zacatecas le concediera el 30 de marzo un amparo que ordenó la suspensión definitiva del uso del brazalete electrónico con el que era monitoreado. Este beneficio se sumó a un fallo previo del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas, que le permitió pasar de prisión preventiva a prisión domiciliaria en diciembre de 2024, luego de haber sido hospitalizado en octubre por supuestos problemas de salud.
Canabal, detenido originalmente en febrero de 2024 en Tulum, fue recluido inicialmente en el Centro de Reinserción Social 1 Norte de Apodaca. Desde su traslado a un departamento ubicado en la calle José Vasconcelos 150, en la Colonia del Valle, permanecía bajo vigilancia de la policía estatal. No obstante, logró evadir esa custodia el pasado 26 de abril.
Ante la evasión, el juez de control del fuero común de Nuevo León, Eduardo Hernández, lo declaró oficialmente “sustraído de la justicia” y emitió una orden de reaprehensión. Por su parte, Xavier Olea Trueheart, abogado de LV S.A. de C.V., anunció que interpondrá denuncias tanto contra los elementos de seguridad que debían custodiar al exalcalde como contra los jueces federales que le concedieron los amparos, señalando que tales decisiones judiciales facilitaron su huida.
A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha emitido una postura oficial respecto a la fuga. La evasión de Canabal Ruiz expone nuevamente los vacíos y riesgos en el sistema de justicia mexicano, especialmente en lo relativo a la aplicación de medidas cautelares en delitos de alto impacto económico.
