En los 83 años de vida de Petróleos Mexicanos, han desfilado por la dirección de la paraestatal 22 directores.
Por esta compañía ‘orgullo y fortaleza de México’ han pasado geólogos, militares, abogados, un contador, algunos ingenieros químicos, varios economistas y un ingeniero agrónomo.
Pemex ha vivido y padecido todos los estilos de gestión en la dirección general, desde quienes pensaban que la petrolera era el motor de la economía mexicana hasta los que se sirvieran de ella.
Pero no habíamos visto uno que delegara casi por completo la operación de la empresa en uno de sus subordinados, como es el caso de Octavio Romero Oropeza.
Durante casi toda la historia de Pemex siempre se dio una disputa entre el director en turno y los secretarios de Hacienda o Energía, según el sexenio.
Todo por el control de los recursos de la venta del petróleo y la administración de la deuda pública de la compañía.
No obstante nunca como en la 4T se había observado que la petrolera tuviera de facto dos directores: uno ocupado de la producción, Romero, y otra de la refinación, como es el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
La actual dirección de Pemex tiene tres rasgos muy peculiares: la soledad, el enfrentamiento con sus pares y el sometimiento al Presidente.
Tal vez sabedor de que es uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, Romero se toma muchas libertades nunca vistas en el pasado por un director.
La antítesis de lo que vemos hoy en Pemex es lo que se vivió durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
En el gobierno del ‘innombrable’ había un debate muy intenso entre dos bandos que discutían el futuro de Pemex.
En uno estaban Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, Jaime Serra y José María Córdoba Montoya, y en el otro Francisco Rojas, Arsenio Farell Cubillas, Fernando Gutiérrez Barrios y Fernando Hiriart.
Hoy lo que vemos desde Pemex es un director sin proyecto, un gerente obedeciendo a su jefe y delegando todo en su subordinado, Marcos Herrería, director de Administración y Servicios, y en Alberto Vázquez, director de Finanzas.
Pero lo más escandaloso es el abierto enfrentamiento con la secretaria de Energía; con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; con el director de la CFE, Manuel Bartlett; con el coordinador de asesores de Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y hasta con Andrés López Beltrán, el hijo del Presidente.
En las últimos meses han trascendido los choques de Romero con sus compañeros de gabinete.
Por ejemplo, con Nahle no termina de ponerse de acuerdo para reconfigurar las refinerías de Tula y Cadereyta, los proyectos de las nuevas refinerías modulares y ni qué decir de la de Dos Bocas.
En un pleito que Romero tuvo con Bartlett el año pasado para fijar precios del combustóleo que Pemex vende a CFE, tuvo que intervenir López Obrador y fijar el precio él mismo, para que la sangre no llegara al río.
Y el último gran round del director de Pemex se dio con la secretaria de Energía y con el secretario de Hacienda.
Ocurre que Pemex recibió de este último 11 mil millones de pesos para pagar a los proveedores de materiales para la construcción de Dos Bocas, pero a Romero se le hizo fácil gastarlos en pagar adeudos a otros proveedores.
Esta historia no ha terminado.
El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que la iniciativa del Ejecutivo en el Congreso en materia de outsourcing que envió en diciembre pasado, no será una ley preferente en este periodo y que su discusión se turnará a la Cámara de Diputados hasta después de las elecciones de julio. Se sabe que la próxima semana la Junta de Coordinación Política se reunirá con el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar y ahí es donde se dirá la última palabra de este controvertida ley de tercerización que ha provocado tanta controversia entre inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros. Desde que Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de Monterrey, liderados por Rogelio Zambrano de Cemex, Armando Garza Sada de Alfa, Adrián Sada de Vitro, Tomás González Sada de CYDSA, Enrique Zambrano de Proeza y Sergio Gutiérrez Muguerza de DeAcero, entre otros, se empezó a observar una relación de la postura presidencial tras de que le alertaran del impacto económico que la iniciativa implica.
Pues nada, que a unas horas de que Banobras emita el fallo de la licitción del MRO Sureste, los 523 kilómetros de carreteras que cruzan Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, el banco de desarrollo que dirige Jorge Mendoza suspendió el proceso. Se confirma la cancelación de esta otra Asociación Público-Privada que debió salir desde el 30 de octubre y que tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, como la directora de Caminos y Puentes Federales, Elsa Julita Veites, se empeñaron en tirar. Terminaron convenciendo a Andrés Manuel López Obrador. El paquete implicaba una inversión de unos 14 mil millones de pesos. El consorcio que se veía como el más fuerte era el de ICA de Guadalupe Phillips, La Peninsular de Carlos Hank Rhon, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, Indi de Manuel Muñozcano, HYCSA de Alejandro Calzada y Mota-Engil de José Miguel.
La fiscalía general de la República (FGR) negó ayer la suspensión de la orden de aprenhensión contra Alonso Ancira a su llegada a la CDMX, muy a pesar del amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo en el expediente número 43/2021. Las huestes de Alejandro Gertz Manero se pasaron por el arco del triunfo la Ley de Amparo y le decretaron al todavía dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) prisión preventiva. Se cree que Ancira podría estar de 10 a 20 días en el Reclusorio Norte, en tanto la misma FGR acepte el acuerdo reparatorio que se les ofreció y que consiste en el resarcimiento de los 200 millones de dólares por el cobro del sobreprecio de la planta de AgroNitrogenados que denunció Andrés Manuel López Obrador.
Desde hace varias semanas Raquel Buenrostro notificó al presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión de que se proceda contra los fundadores de la aerolínea Interjet. De hecho la funcionaria ya inició el proceso porque tiene todos los elementos legales y auditorías que comprueban la responsabilidad penal ante el SAT de retener ilegalmente alrededor de 4 mil millones de pesos de impuestos. Estamos hablando de inpagos por concepto de ISR, IVA y derechos de migración. Este monto ya está firme y es causa penal. Además hay en litigio otros 3 mil millones derivado de operaciones en Irlanda por concepto de arrendamiento de aviones que hizo el grupo de Miguel Alemán Magnani.