¿CUÁNTO VALE EL pleito de Santander y las herederas del Grupo Alfa, que lleva en tribunales más de dos años, en el que muchos actores políticos están metidos y por el que Ana Botín ha abogado en sus recientes visitas a Andrés Manuel López Obrador?
Si hoy el banco fundado por Emilio Botín tuviera que liquidar a las hijas del cofundador del principal emporio industrial regimontano, Roberto Garza Sada, debería estar desembolsando por intereses, daños y perjuicios la friolera de los mil millones de dólares.
La semana pasada la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos notificó a las señoras Gabriela, Viviana y Carmen Garza Delgado que resolvió dar curso a la investigación por manipulación deliberada de eventos relevantes por parte de Banco Santander México.
Se tiene conocimiento que la autoridad ha requerido a Grupo Alfa, que preside Armando Garza Sada, para que informe cuál sería el valor del patrimonio que está obligado a restituir en términos de la sentencia firme del 29 de junio del 2021.
El cálculo conforme a datos aportados de la emisora determina que las 36 millones 700 mil acciones comunes «Alfa A» que originalmente tenía el portafolio, se convirtieron en 369 millones 927 mil 337, por sendos “splits” de 1996 y septiembre de 2012.
En esa tesitura, el actual valor de mercado de dichos títulos suman un total de 267 millones 164 mil 158 dólares y habrían generado dividendos por alrededor de 179 millones 025 mil 147 dólares adicionales.
Tan grande es el boquete para la institución comandada por Felipe García Ascencio que no ha escatimado en contratar a los mejores abogados civilistas y litigantes, cabilderos políticos y hasta legisladores en activo.
El abogado que encabeza la estrategia legal es Javier Quijano y su socio Javier Cortina, el primero amigo y asesor jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recientemente se subió Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y asesor legal del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, funge desde hace dos décadas como asesor de Emilio y su hija Ana, así como de diferentes ejecutivos de Santander, banco que fue su cliente, pero niega tener injerencia en este caso particular.
Santander recusó ya a dos magistrados del Primer Tribunal Colegaido en Materia Civil de Circuito con sede en Monterrey Nuevo León; y los abogados de las señoras Garza hicieran lo propio con el magistrado Edgar Gaytán Galván.
El último amparo promovido por el banco llegó al Segundo Tribunal Colegiado, que encabeza el magistrado Agustín Arroyo Torres, para su resolución.
La moneda sigue en el aire, pero ya no por más tiempo.
DONDE TAMBIÉN HACE aire es en el Banco del Bajío. Ya le habíamos informado de la demanda que promovieron contra consejeros y comisarios los ex accionistas José Luis Sanvicente Ortiz, José Bertín Gutiérrez Domínguez y Rubén Rodríguez Quezada. El callar el evento relevante configura el delito de manejo de información privilegiada para los pupilos de Salvador Oñate. En ninguna de las asambleas de accionistas 2020, 2021, 2022 y 2023 se ha informado nada. El juicio implica una grave contingencia financiera: regresar capital, entregar acciones por capitalización de utilidades y pagar dividendos. Fueron los asesores legales de los afectados, los abogados César Omar González y Javier Rodríguez Cacho los que informaron del juicio al regulador. El 21 de febrero dieron cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, y el 7 de junio se presentó un alcance informando que en la asamblea del 26 de abril último tampoco se dio noticia del juicio.
PUES NADA, QUE Andrés Manuel López Obrador se va salir con la suya y la nueva aerolínea de la Secretaría de la Defensa que quiere lanzar en diciembre sí se va llamar Mexicana de Aviación. Pero no porque los 200 trabajadores jubilados a los que les lanzó un ultimátum de un mes hayan cedido a sus amenazas. No. Más bien porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de María Eugenia Navarrete y la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde hicieron una chicana y desde hace un mes dispusieron de la marca, violando una orden de un Tribunal Colegiado de suspender la venta. El viernes el Juez Segundo de Distrito en Materia del Trabajo declaró fundado el incidente, por defecto de cumplimiento de la suspensión definitiva.
TAL Y COMO lo adelantamos, Landsteiner dio portazo a BBVA, Banorte, Invex y Banregio con la entrega el jueves de un convenio concursal al juez segundo especializado Saúl Martínez Lira que los dejó fuera y que amarra básicamente a Northgate Credit Fund y al Bancomext. De los 2 mil 500 millones de pesos que adeuda la farmacéutica de Miguel Granados, los bancos comandados por Eduardo Osuna, Carlos Hank González, Juan Guichard y Manuel G. Rivero Santos, representan unos 310 millones. Se afirma que Landsteiner ofreció a través de un tercero cantidades y un convenio concursal que al final no fueron los que presentaron ni el conciliador y ni la farmacéutica en el juzgado. El caso es que aún falta la aprobación de dicho convenio y vienen las impugnaciones.
EL SENADOR DE Morena Alejandro Armenta, actual presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, consolida su crecimiento en las encuestas con miras a obtener la nominación de su partido como defensor de la Cuarta Transformación en el Estado de Puebla. En la serie de investigaciones demoscópicas realizadas en los últimos meses, Alejandro Armenta aparece en primer lugar de las preferencias como mejor candidato de Morena al Gobierno del Estado de Puebla. Y en la última medición estatal en vivienda realizada por la empresa Parametría, del 9 al 13 de junio, se confirman estas tendencias.
NOS DICEN LOS cercanos al Presidente Ernesto Zedillo que no tiene la intención de radicar en España. Vive en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Es profesor en Yale University y dirige el Centro de Estudios sobre la Globalización de la propia universidad. Que nunca ha solicitado el estatus de residente permanente y que cada año renueva su visa 01 para trabajar en la Unión Americana. “La información sobre algún trámite para residir en España no se corresponde con la realidad”, nos aclararon.