Alfonso Romo, para efectos prácticos, ya estaba fuera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El anuncio que hizo ayer el Presidente solo fue la confirmación.
El jefe de la Oficina de la Presidencia de República se fue aislando poco a poco, a medida que se achicaba frente a las estridentes decisiones anti económicas del tabasqueño.
La cancelación de la planta de Constellation Brands, el desmantelamiento de los reguladores energéticos y, más reciente, la iniciativa para desaparecer el outsourcing, fueron sonoras derrotas.
Tampoco pudo influir en la estructuración del último paquete de obras de infraestrctura. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, no permitió la entrada privada a los grandes proyectos de petróleo y energías renovables.
Jorge Arganis, el secretario de Comunicaciones y Transportes, le dio el tiro de gracia a las Asociaciones Público-Privadas, tras convencer al presidente de cancelar el Paquete Sureste que iba adjudicar Banobras.
Romo perdió la batalla frente a los duros de la 4T. Hace un año fue nombrado por López Obrador Coordinador del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.
Fue una designación de membrete. El nombramiento nunca se pudo formalizar legalmente. Y es que significaba coordinar al gabinete económico. Ningún secretario quiso que Romo se le metiera.
Con el pretexto del Covid-19 el fundador de Pulsar y Vector se recluyó en su rancho de Monterrey. Estuvo alejado de la CDMX y de Palacio Nacional prácticamente cuatro meses.
Volvió a encontrarse con AMLO en julio para cenar con Donald Trump en la Casa Blanca. Tomó su avión y viajó a Washington. Hizo una escala en Nueva York para ver a Larry Fink, mandamás de Black Rock.
A partir de entonces el empresario de la CDMX avecindado en la Sultana del Norte se dedicó, más bien, a parar las bolas rápidas de los legisladores de Morena y de uno que otro alto funcionario de la 4T.
El 2 de octubre del año pasado Alfonso Romo le entregó a López Obrador un diagnóstico económico muy puntual. La presentación, de 28 páginas, la tituló ‘Convertir al elefante en caballo de carreras’.
Romo anticipaba focos rojos. En materia de enseñanza digital decía: “Existe un alto riesgo al no dedicarse recursos públicos para que los niños y jóvenes de México desarrollen habilidades y conocimientos digitales, lo que lanza un mensaje de exclusión y ausencia de futuro”.
Demandaba fortalecer la confianza y evitar el pánico: Miscelánea Fiscal no persecutoria e intimidatoria y que en cambio alentara la deducción de intereses. Urgía al anáisis de la Ley de Extinción de Dominio.
A esta ley la veía como de ‘alto riesgo’ y como factor de paralización del país. Proponía formar un comité de líderes de los sectores público y privado para matizarla. “Puede marcar el sexenio”, advertía.
De la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, pedía pasar de ser una ‘Gestapo’ con inhibiciones y amenazas, a una dependencia que procurara transparencia y orden y no fiscalización.
Al final de su diagnóstico, Alfonso Romo Garza-Madero, el tataranieto de Francisco I. Madero, le plantéaba a Andrés Manuel López Obrador la siguiente pregunta: ‘¿Qué legado quieres dejar?’
Y Romo se contestaba: “Inercia de desarrollo, bienestar social, crecimiento y prosperidad; un país confiable, lleno de confianza y orgullo; un gabinete reconocido como el mejor de la historia de México”.
¿Quién va ser el nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia? Apenas este martes le deslizamos en esta columna que Francisco Cervantes, el presidente de la Concamin, podía relevar a Romo. En los últimos días su nombre empezó a sonar fuerte en los corrillos del sector privado como una especie de Plan B. El mexiquense en realidad aspira a presidir el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la coyuntura de que Carlos Salazar decida no buscar la reeleción en enero próximo. Como se daba por hecho que el ex ejecutivo de FEMSA sí lo intentaría (con Romo fuera de Palacio Nacional cambian las cosas), Cervantes cambió la estrategia y optó por prolongar un año más su liderazgo en la Concamín para empatar tiempos y lanzarse en el 2022. Pidió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de ahí salió la versión de que si no era el CCE podía ser la posición de Romo. Pero al final le concedieron lo primero.
Y es que podemos confirmarle que la Secretaría de Economía reconsideró su postura inicial y ya dio el aval a Cervantes y a José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco, para que prolonguen sus respectivas dirigencias, al menos, hasta el tercer trimestre del 2021. Con fecha 1 de diciembre, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de esa dependencia, Jorge Luis Silva, les notificó que extienden el plazo indicado en el Artículo 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para que sus asambleas generales se celebren durante el próximo mes de septiembre, aceptando que por causas del Covid-19, la emergencia sanitaria y el obligado distanciamiento social, no pudieron efectuarse de forma presencial en los primeros tres meses del 2020. Graciela Márquez fue doblada por el Consejero Jurídico, Julio Scherer.
Hoy más que nunca las cúpulas empresariales están en rebeldía. La autorización que la Secretaría de Economía otorgó a Francisco Cervantes y a José Manuel López Campos para quedarse prácticamente un año más al frente de la Concamin y la Concanaco, se leyó como una intromisión de la 4T en la vida demócratica del sector privado. No pocos dirigentes de cámaras y asociaciones ahora están pensando en prolongar sus liderazgos bajo el mismo pretexto del Coronavirus. Abonan además al desorden la salida de Alfonso Romo, el interlocutor de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios, y la indefinición de Carlos Salazar para buscar la reelección en el CCE. Hoy la lista de suspirantes podría incrementarse, sobre todo si considera la pérdida de espacios del empresariado en las negociaciones con el gobierno.
El primer choque de dirigentes empresariales fue el 13 de noviembre, durante una reunión vitual del Consejo Nacional del CCE. Unas cien personas fueron testigos de un sainete entre Carlos Salazar y Gustavo de Hoyos, el todavía presidente de la Coparmex. Otra vez, como en marzo pasado, alguien le cuestionó al primero su falta de arrojo para enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador en las decisiones de política pública que lastiman los intereses privados, y aquél abogó por la mesura, poniendo como mal ejemplo la radicalización del sindicato de patrones que nada consigue confrontándose con la 4T. De Hoyos saltó y lo secundó Héctor Larios Santillán, ex presidente de la Coparmex y el CCE.
El segundo choque fue este martes, en pleno informe de gobierno y en Palacio Nacional. En un movimiento extraño, porque Carlos Salazar mandó en su representación a Enoch Castellanos, el presidente de la Canacintra, fúrico, le reclamó a Francisco Cervantes su “entreguismo” a la 4T en las negociaciones de la iniciativa de la Ley de Outsoucing. El líder de los industriales de la transformación no está de acuerdo, como tampoco la Coparmex, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales de Claudia Jañez y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano de Pablo Lezama, con lo que se está negociando. La escandalosa recriminación, frente a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Ayer pleno en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside interinamente Adolfo Cuevas. En la agenda la solicitud de Disney, que preside Bob Chapek, para que se le concediera una quinta prórroga para vender los canales de FoxSports, tal y como le adelanté este miércoles.