En un giro significativo en el caso judicial que involucra al ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, un juez federal ha concedido la posibilidad de prisión domiciliaria en el proceso por lavado de dinero. Esta decisión implica un cambio relevante en su situación legal, ya que, de materializarse, solo restaría modificar la prisión preventiva oficiosa en su otro proceso por delincuencia organizada para asegurar su liberación.
La determinación del juez otorga a Borge Angulo la oportunidad de permanecer confinado en su domicilio bajo el monitoreo constante de un brazalete electrónico. Sin embargo, la condición para su liberación incluye el pago de una garantía económica considerable, establecida en 10 millones de pesos. Esta medida cautelar ha sido autorizada con la clara estipulación de que, en caso de ser condenado posteriormente, se revocaría la prisión domiciliaria y se le ordenaría regresar a la prisión.
El arresto del ex mandatario estatal tuvo lugar el 4 de junio de 2017 en Panamá, siendo posteriormente extraditado a México el 4 de enero del siguiente año. Desde entonces, ha permanecido recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Ayala, Morelos.
Según los informes emanados del Poder Judicial de la Federación, el juez fundamentó su decisión en una jurisprudencia de la Corte que estipula la revisión de la prisión preventiva después de dos años de reclusión. En este sentido, el juez argumentó que las condiciones que justificaron la prisión preventiva hace cuatro años ya no se mantenían vigentes, pues consideró que ya no existían elementos para presumir que el riesgo de fuga persistía.
El caso de lavado de dinero, por el cual es acusado por la FGR (Fiscalía General de la República), señala a Borge de haber designado a Claudia Romanillos como titular del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, instruyéndole la venta de 22 predios de la Riviera Maya a precios subvaluados a amigos y familiares. Esta acción habría ocasionado un perjuicio económico a las arcas del estado estimado en 900 millones de pesos.
La FGR ya ha formalizado su acusación por escrito por el delito de lavado de dinero, solicitando una condena de 15 años de prisión para Borge Angulo.
En relación con los procesos judiciales en curso en la justicia local de Quintana Roo, se señala que uno de ellos es por peculado, acusándolo de haber desviado 594 millones de pesos y subcontratado servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V.” durante su mandato entre 2011 y 2013. El otro proceso se relaciona con el delito de aprovechamiento ilícito del poder, donde ya se ha completado la etapa de investigación complementaria y está vinculado al pago irregular de 594 millones de pesos a la empresa paraestatal VIP Servicios Ejecutivos S.A. de C.V.
A pesar de que Borge Angulo ya no está sujeto a prisión preventiva en ninguno de los casos que se encuentran en la jurisdicción local, la medida cautelar que aún obstaculiza su libertad es la relacionada con el procedimiento penal por delincuencia organizada, el cual está basado en los mismos hechos que la acusación por lavado de dinero.
Este cambio en la situación legal de Roberto Borge Angulo marca un nuevo capítulo en el controvertido caso que ha mantenido su atención en el ámbito judicial mexicano.
