La Cuarta Transformación
CON MUCHA CAUTELA, los empresarios de la construcción empiezan a ver la luz en la capital del país luego de tres años en los que la industria retrocedió a los niveles que se manejaban hace una década para quedarse con valor de mercado de unos 10 mil millones de pesos.
Primero por una agresiva política de la administración de Claudia Sheinbaum y, después, por la parálisis económica generada por la pandemia de Covid-19, se desplomaron carteras que rebasaban los 30 mil millones de pesos y que apuntaban a generar crecimientos de dos dígitos.
La industria traía el estigma de los negocios de Miguel Ángel Mancera y de sus colaboradores, los hermanos Julio César y Luis Ernesto Serna, por lo que la Jefa de Gobierno apostó por drenar de entrada todo lo que pudiera parecer corrupción, aunque para ello tuviera que violar en el camino derechos adquiridos por los particulares.
Al igual que en sectores como el del mobiliario urbano o el de la publicidad exterior, la estrategia echó por delante los juicios de lesividad; más de 60 procedimientos en el caso de la construcción para detener inversiones millonarias para la edificación de inmuebles que, en la opinión del equipo de Sheinbaum, habían obtenido autorizaciones de manera irregular.
Se tuvo cuidado por supuesto en colocar a personajes clave en el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX para asegurar las victorias judiciales; sobre todo, con la llegada en 2020 de la Magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres, personaje incondicional del Consejero Jurídico capitalino, Néstor Vargas.
En conjunto con figuras como la Magistrada Estela Fuentes Jiménez, ratificada también en 2020, Hernández Torres adquirió gran influencia en el Tribunal, al grado de modificar una experimentada plantilla de secretarios de Estudio y Cuenta, echando mano de denuncias de acoso y violencia de género que nunca se pudieron comprobar.
El triunfo jurídico de los juicios en la administración de Sheinbaum está de alguna manera garantizado, máxime cuando la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que encabeza Ernestina Godoy, acaba de proceder contra Julio César Serna, y cuando se escucha que en breve irá también por su hermano Luis Ernesto.
De ahí que los industriales de la construcción hayan decidido sacar la bandera blanca y ajustarse a los designios de la administración de Sheinbaum, justo cuando a ésta también le urge incentivar la inversión para reactivar una muy golpeada economía por el Covid-19.
Por lo pronto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que en la capital preside José Sabino Varela, ya comprometió una cifra cercana al los mil millones de pesos de inversión para vivienda en este 2022 y se espera que en conjunto el sector esté rebasando los 22 mil millones en inversión privada para terminar el sexenio.
Para el sector privado el conflicto con el gobierno parece que ha dejado de ser una opción. Especialmente en un gobierno que ha dejado claro que por encima de la ley estará siempre la justicia.
APENAS EN DICIEMBRE le informamos aquí que Citibanamex prepara su salida del negocio de las afores, y no lo negaron. Quizás porque lo correcto era decir que Citi estaba preparando la venta de prácticamente todo su negocio de México. Ayer el grupo que dirige Jane Fraser informó que está iniciando un proceso de desinversión de todas sus operaciones de banca de consumo y empresarial. Estamos hablando de banca de menudeo que incluye créditos hipotecarios, de nómina, tarjetas de crédito, automotriz; banca para Pymes; la afore; Fomento Cultural Banamex, e inmuebles, incluida toda su red de sucursales y edificios. La institución que comanda aquí Manuel Romo solo se quedará con los clientes institucionales, esto es las grandes empresas. Se estima que el el banco tiene un valor de 30 mil millones de dólares y la afore mil 500 millones. Cuando Roberto Hernández y Alfredo Harp vendieron en 2001 Banamex a Citi, la operación ascendió a 12 mil 500 millones de dólares. Tres potenciales interesados empezaron a sonar desde ayer: Ricardo Salinas y Banco Azteca, Banorte que preside Carlos Hank González e Inbursa de Carlos Slim.
AYER HUBO JUNTA de Gobierno en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente Rodríguez. Se empezó a procesar la propuesta del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de dos nuevos nombramientos para sendos vicepresidentes. Aurora Cervantes para la Jurídica y Vicente Fernández para la de Normatividad. La primera fue por muchos años la directora jurídica de Banorte, mujer de todas las confianzas del desaparecido Roberto González Barrera. El segundo ya había estado en la Comisión entre 2001 y 2003 al frente del área de Amparos y antes en las áreas contenciosas de Nafin. El primero nombramiento de De la Fuente fue en diciembre tras designar a Lucía Buenrostro como vicepresidenta de Política Regulatoria.
EL LUNES POR la noche el presidente del Tribunal Superior de Justicia de CDMX, Rafael Guerra, solventó el 80% del recurso económico de los vales de despensa de finales de 2021, prestación que beneficia desde hace varios años a los más de 10 mil trabajadores del poder judicial. Ante esta inyección, Toka Internacional, de Eduardo y Hugo Villanueva, respondió inmediatamente con la puesta en marcha de su infraestructura para concretar la dispersión a la brevedad y que la base trabajadora disponga del dinero. La compañía, con 20 años de experiencia y aval del SAT que lleva Raquel Buenrostro, fue elegida proveedora del servicio en abril del año pasado, por lo que la autorización del flujo presupuestal quedó asentada en el contrato TSJCDMX/DEHR/02/2021.
SE TARDARON EN el gobierno de la 4T en darle las gracias a Carlos Morán en la Subsecretaría de Transporte. El desaseado manejo de la Agencia Federal de Aviación Civil cuando la dirigió Rodrigo Vázquez Colmenares, lo que permitió el arribo de un militar, Carlos Rodríguez Munguía; la consecuente quiebra de Interjet; la pérdida de la Categoría 1 en materia de seguridad área; la desordenada reestructuración de rutas aéreas en el Valle de México, y los conflictos que privan al interior de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, fueron asuntos que descuidó Morán. Su salida no fue una sorpresa, pero lo que sí fue el nombramiento en su lugar de Rogelio Jiménez Pons, quien intempestivamente dejó el Fonatur y el proyecto estrella del Tren Maya.
OTRO BOTÓN MÁS que ilustra la falta de coordinación con que operan las diferentes instancias del subsector de la aviación lo estamos viendo con la crisis de cancelación de vuelos de Aeroméxico, que se quedó sin pilotos y sobrecargos para servir los itinerarios que tiene programados. Es increíble que solamente la compañía que preside Javier Arrigunaga y dirige Andrés Conesa registre tripulaciones enteras infectadas por el Covid-19 y que tanto Volaris, que comanda Enrique Beltranena, como Viva Aerobús, de Roberto Alcántara, no detecten casos positivos de su personal. Aquí el regulador, léase la susodicha Agencia Federal de Aviación Civil que encabeza el general en retiro Carlos Rodríguez Munguía, debería hacer las pruebas, porque no se cree que no haya personal contagiado.
POR CIERTO QUE como le adelanté, ayer fue el recuento de los votos de los acreedores de Aeroméxico. Participaron prestamistas que tienen créditos por dos mil 680 millones de dólares, de los cuales 86%, que representan aproximadamente dos mil 300 millones, emitieron su voto a favor del plan de reorganización de la compañía de la que son accionistas Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío y Jorge Esteve. La audiencia de la Corte de Quiebras de Nueva York para considerar la confirmación de dicho plan está programa para el próximo 27 de enero. Se espera que acabe el 2 de febrero para que la jueza Shelley C. Chapman emita una resolución de salida del Chapter 11 dos días después.
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