Por la eficiencia en el manejo de los recursos y el saneamiento de la deuda pública sin recurrir a más préstamos, Quintana Roo ha tenido desde 2017 grandes avances en materia de transparencia y combate a la corrupción, después de haber sido uno de los estados con más desvíos de dinero público y opacidad en el país.
El reconocimiento a esos avances proviene de organismos autónomos y descentralizados. El más recientes es del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que destaca a Quintana Roo entre los estados que más ha mejorado en el ejercicio transparente de los recursos públicos desde que entró en funciones la administración de Carlos Joaquín.
Las mediciones del Coneval otorgaron a la entidad una calificación de 86 puntos en el Índice de Diagnóstico y Monitoreo del ejercicio presupuestal. Esta calificación sitúa a la entidad en el promedio más alto que va de 83 a 93 puntos. Hace cuatro años Quintana Roo sólo alcanzaba los 56 puntos, por lo que estaba reprobado en transparencia y eficiencia en la aplicación del dinero público.
Asimismo, después de ocupar el primer lugar en corrupción y opacidad en 2015, Quintana Roo avanzó al tercer lugar nacional en Gobierno Abierto, indicador que mide los índices de transparencia y participación social en la fiscalización del gasto gubernamental, donde el 80% de las compras son ahora por licitación pública y abierta cuando antes eran solamente el 2%.
Además, la eficiencia en el manejo de los recursos posicionó a Quintana Roo en el segundo lugar nacional en generación de ingresos propios, con una medición de 71.5 puntos cuando el promedio de los demás estados es de 42.5.
Quintana Roo avanzó del lugar 13 a la posición 4
En el Índice de Transparencia de la Información Fiscal, Quintana Roo avanzó del lugar 13 a la posición 4, mientras en Transparencia y Gobierno Abierto pasó del último lugar (posición 32 de 32 estados) en 2015, al tercer estado más transparente de México.
En este sentido fue fundamental la participación ciudadana, por lo cual se conformaron 460 comités de contraloría social integrados por más de 7 mil 500 vecinos, a la vez que se abrió el portal “Vigila tu Obra” donde cualquier interesado puede monitorear la licitación, planeación, ejecución y entrega-recepción de las obras públicas.
De igual forma se blindaron contra la corrupción las adquisiciones de recursos materiales y se consolidó una mayor participación de empresas locales. Actualmente casi el 80 % de las compras del gobierno estatal son por licitación pública y abierta, cuando antes eran solamente el 2%, y sólo el 18% son por adjudicación directa cuando antes era el 90%. En materia de compras consolidadas, en 2017 se beneficiaron a 32 proveedores locales contra 13 foráneos; en 2018, a 21 locales contra 9 foráneos y hasta julio de 2019, 9 locales y 5 foráneos.
De igual forma, hasta el momento la administración de Carlos Joaquín no ha expedido ninguna concesión de transporte público, ninguna patente gratuita para bebidas alcohólicas y ninguna notaría, a fin de erradicar las prácticas clientelares y corruptas que predominaron en el pasado.