Paralelo a la regulación federal de plataformas de rentas vacacionales tipo Airbnb, en Quintana Roo se trabaja en una regulación estatal y municipal.
Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo del estado, aseguró que dicha regulación busca garantizar la seguridad de los huéspedes, delimitando las zonas en las que podrían operar las rentas de casas particulares a turistas.
Entre los requisitos que se les solicitará a estos prestadores de servicios está el que las propias plataformas soliciten el registro de sus socios anfitriones, para verificar que las casas en renta cumplan con las condicionantes en temas de protección civil e incluso se les pedirá limitar las rentas en aquellas zonas que no ofrecen “factibilidad” en materia de seguridad a los huéspedes.
“Estamos trabajando una propuesta en la que todos los casos se concentren a través de las plataformas y que eso permita controlar desde los impuestos de todo tipo, hasta protección civil y aspectos de seguridad, es decir, evitar rentas en donde no haya factibilidad”, explicó Vanegas Pérez.
También se les solicitará a quienes deseen rentar alguna propiedad a través de plataformas como Airbnb o HomeAway que cumplan con estándares de calidad.
Vanegas Pérez insistió en que se trata aún de una propuesta que se está afinando en conjunto con los ayuntamientos de Quintana Roo y representantes de Airbnb y HomeAway, cuya aplicación no requerirá de ninguna reforma o adición a las actuales leyes del estado, sino que será un acuerdo para que sean las propias plataformas las que asuman el compromiso de aplicar estos filtros hacia la comunidad de socios anfitriones que ya operan en el estado.
Se estima que hay poco más de 40 mil prestadores de servicios de hospedaje a través de plataformas digitales en Quintana Roo, especialmente en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tulum, los cuales gozaron de una ocupación cercana al 95% durante la última temporada vacacional, de acuerdo a datos de las plataformas.