La tasa de ejecuciones en México aumentó más del doble que la que se reportó en los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, afectando a estados que antes eran pacíficos como Colima, Guanajuato y Quintana Roo, cuyas autoridades se ven rebasadas no sólo en sus facultades para combatir delitos federales sino en su capacidad de fuerza frente a los grupos del narcotráfico que cada año obtienen miles de millones de dólares y pueden, así, comprar impunidad y abastecerse de armamento.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer semestre de este año se reportaron 20 mil 599 muertes violentas. Así la tasa de homicidios dolosos se ubicó en 22 por cada 100 mil habitantes, un incremento de 6% respecto al mismo período de 2018. El SNSP situó estas muertes por encima de los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). En ese período el promedio fue de 9.75 por cada 100 mil habitantes.
El 80% de esos homicidios se cometieron con armas de fuego, la gran mayoría provenientes de Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó recientemente un incremento en el número de armas involucradas en diferentes crímenes; el uso, por ejemplo, de rifles automáticos aumentó 63% en comparación con el año pasado, así como armas de asalto con un aumento de 120%.
La violencia en los estados, incluso los turísticos, se ha disparado con la extensión territorial de los cárteles de la droga que trafican desde Estados Unidos el 90% de las armas ilegales en el país y cometen con ellas crímenes violentos.
Esta disputa entre bandas del narcotráfico por mercados locales es la causa de que Colima tenga ahora la mayor tasa de homicidios en el país, con un promedio de 40.7 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por Baja California Sur, con una tasa de 34.14 homicidios por 100 mil habitantes. Ambas entidades tienen un alto flujo de turismo.
El dinero y las armas han permitido a los cárteles obtener el poder que tienen en México. De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, cada año el narcotráfico obtiene 64 mil millones de dólares en ganancias por la venta de heroína, metanfetaminas y otras drogas a Estados Unidos. Además de permitir a estos grupos comprar armas, el dinero proveniente de la venta de drogas en Estados Unidos también se usa para sobornar y corromper a las autoridades mexicanas, empezando por los agentes migratorios y de aduanas.
“Necesitamos que el Gobierno de México intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la amapola, las incautaciones, los procesos judiciales y la confiscación de bienes”, dijo hace unos días del presidente Donald Trump al amenazar con descertificar a México por incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico e incluirlo así en la lista negra de grandes productores y plataformas de trasiego a nivel continental.
El narcotráfico, que según el especialista Oscar Valdez mueve 80 centavos de cada peso en la economía nacional, es la causa de que haya incrementado a niveles históricos la violencia en varios estados del país que hasta hace algunos años se consideraban pacíficos, como Guanajuato o Quintana Roo.
En general, existe una gran ausencia del gobierno federal contra el crimen organizado que controla el tráfico de drogas, de personas, de indocumentados, además de secuestros, extorsiones, derecho de piso y lavado de dinero; todos delitos del orden federal que, por lo mismo, no son facultad de las autoridades estatales.
En contraste, parte de la Guardia Nacional fue desplegada en las fronteras norte y sur para contener el ingreso de indocumentados. También se cambió el objetivo de las operaciones de seguridad, que en los dos gobiernos anteriores se concentró sobre todo en capturar a los líderes del narcotráfico. Ahora la estrategia es reforzar la seguridad en las ciudades y atender la violencia que afecta a los ciudadanos.
Pero hasta ahora el gobierno federal no ha logrado contener la violencia.