La Fiscalía General de Quintana Roo investiga acuerdos que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, hoy vinculada a proceso, realizó en el estado por 906 millones de pesos, a través de empresas fantasmas, como parte de la llamada ‘Estafa Maestra’.
Dichos acuerdos se llevaron a cabo en el 2015 y 2016, durante la administración de Roberto Borge Angulo, hoy preso, e involucra dinero del erario público.
Óscar Montes de Oca, fiscal del estado, reconoció que dan seguimiento a dos convenios que concretó la extitular de la Sedatu y Sedesol con la Universidad Politécnica de Quintana Roo, encabezada en ese periodo por Raúl Arístides Pérez, y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, quien tenía al frente a Gerardo Vázquez Handal.
De estos acuerdos se estima el realizado con la universidad fue de 97 millones de pesos y con la SQCS fue de 806 millones de pesos.
Según cifras que arrojó la revisión 16-E-23001-12-1701 a las finanzas del estado, el monto que los operadores de la Sedatu y Sedesol diluyeron en Quintana Roo fue el más grande del que se tiene registro en cualquier otra parte del país, y representa casi el 23 por ciento del total de la ‘Estafa Maestra’.
Se sospecha que millonarios recursos provenientes del presupuesto federal habrían ido a parar a 8 empresas fantasmas, relacionadas con personas cercanas al exmandatario estatal, Roberto Borge.
La mayor parte de las razones sociales investigadas justificaron la recepción de pagos oficiales por el rubro de ‘apoyos para producción’ de una supuesta campaña de comunicación de la Sedatu, con un costo superior a los 800 millones de pesos.
Investigan 2 exfuncionarios
Por su parte, Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Anticorrupción, informó que se investiga a dos exfuncionarios estatales por su participación en esta red de desvió de recursos y que las pesquisas se enfocan en el presunto desempeño irregular de estos exfuncionarios, que hoy se encuentran amparados.
Las denuncias fueron interpuestas por el Auditor General y la Contraloría del Estado por el delito de desempeño irregular de la función público.
“Nosotros investigamos lo que le compete al estado y logramos obtener dos órdenes de aprehensión, confirmadas en amparo”, señaló la funcionaria.
Carlos Matus