En un avance significativo para la legislación de Quintana Roo, las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Legislativos del Congreso del Estado han aprobado un dictamen que establece la creación de la Ley Estatal de Juicio Político. Este dictamen, que fue avalado bajo la presidencia de los diputados Guillermo Brahms y Ricardo Velazco, surge de la fusión de dos propuestas legislativas presentadas por la exdiputada Cristina Torres y el actual diputado del Partido del Trabajo, Hugo Alday Nieto.
La nueva ley establece un marco claro y detallado para la regulación del juicio político en el estado, respondiendo a la necesidad de actualizar un texto legal que, debido a diversas reformas a lo largo del tiempo, había quedado obsoleto y de difícil aplicación. Según Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia, “es fundamental contar con una ley que sea cien por ciento garantista para los justiciables, reconociendo y respetando los derechos procesales de todas las partes involucradas”.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley se encuentran los mecanismos y criterios para la valoración de pruebas, los derechos y obligaciones de las partes involucradas, y la posibilidad de nombrar un defensor. Además, se precisan los términos perentorios y se especifican las autoridades responsables de resolver cada etapa del proceso. En este sentido, se define claramente el papel de la Comisión de Justicia y del Congreso del Estado, cuando este actúe como jurado calificador.
Hugo Alday, único representante del Partido del Trabajo en el Congreso de Quintana Roo, subrayó la importancia de este dictamen, destacando su relevancia para la transparencia y el combate a la corrupción en la entidad. «Es un tema fundamental y urgente», afirmó el legislador, haciendo referencia también a la declaración de procedencia ante solicitudes provenientes del Congreso de la Unión o de acciones penales impulsadas por particulares contra funcionarios con fuero.
Alday también destacó la importancia histórica de este avance legislativo, recordando que el juicio político es una figura que tiene sus raíces en la Constitución de Filadelfia de 1787 y que fue adoptada por el legislador mexicano en 1857. La actualización de este proceso en Quintana Roo, según el diputado, representa un paso significativo hacia la progresividad del derecho en la entidad.
Este nuevo marco legal refuerza los mecanismos de control y responsabilidad política en Quintana Roo, consolidando la estructura jurídica necesaria para garantizar la rendición de cuentas y fortalecer el estado de derecho en la región.