En las elecciones judiciales de México 2025, que se celebrarán el domingo 1 de junio, los ciudadanos votarán por primera vez en la historia para elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial federal. Esta elección histórica es resultado de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en 2024.
¿Qué se elegirá en estas elecciones?
Un total de 881 cargos serán sometidos a votación popular, divididos en los siguientes puestos clave del sistema judicial:
- 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- 15 magistrados de las salas regionales del TEPJF
- 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial
- 464 magistrados de Circuito
- 386 jueces de Distrito
Organización del proceso electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar esta jornada electoral sin precedentes. Se tiene prevista la impresión de 602,387,442 boletas y la instalación de 83,997 casillas electorales en todo el país, para garantizar el derecho al voto a todos los ciudadanos habilitados.
Contexto de la reforma judicial
La elección directa de estos funcionarios se da tras la entrada en vigor de una reforma constitucional promulgada el 15 de septiembre de 2024. Aunque los impulsores de la reforma, principalmente Morena, aseguran que responde al clamor ciudadano por una justicia más austera e independiente, diversos organismos jurídicos y académicos han manifestado su preocupación.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados señalaron que la reforma compromete la independencia del Poder Judicial, contraviene estándares internacionales y pone en riesgo el equilibrio democrático. No obstante, la Suprema Corte validó su constitucionalidad.
Importancia de la jornada
La elección del 1 de junio de 2025 marca un parteaguas en la historia política y judicial de México. Por primera vez, los jueces y magistrados no serán nombrados por el Ejecutivo ni ratificados por el Senado, sino elegidos directamente por la ciudadanía en las urnas, redefiniendo la forma en que se estructura la justicia en el país.
