En conferencia, en donde también estuvieron seis socios- operadores de Uber, aseguró que entre los demandados también se encuentran Bibián Castillo Dzul, delegada en la zona norte del Inmoveqroo; y la diputada Erika Castillo Acosta.
“Ha habido gente, en este caso los taxistas, que han estado tomando acciones que no han sido las correctas y por esta razón, nosotros decidimos por todas las agresiones, amenazas y todo lo que nos ha pasado”, dijo.
Aseveró que ellos tienen un amparo para brindar el servicio y que el Instituto de Movilidad no tenía por qué detenerlos y los taxistas mucho menos de agredirlos, ya que violentan de esta manera una orden federal.
Esperilla Soto aseguró que los daños que les causan los taxistas a las unidades de Uber van desde los 25 mil pesos y las multas que tienen que pagar suman hasta los 84 mil pesos.
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