EN EL SEXENIO de Enrique Peña Nieto, la CFE promovió una veintena de gasoductos que sumaron más de siete mil kilómetros a lo largo del país.
Se celebraba en consenso que, además de las inversiones y desarrollo que traerían, con el uso de gas natural se reducirían significativamente las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.
Fue por eso que algunos de esos gasoductos enfrentaron problemas, como liberar derechos de vía, extorsiones económicas y otros hallazgos arqueológicos, pero nunca la feroz oposición de grupos ambientales.
Curiosamente, ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y TC Energía, que preside Jennifer Pierce decideron completar esa red para llevar gas al sureste mexicano, saltaron las ONG’s.
Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) emprendieron una feroz campaña para detener una de las pocas obras de infraestructura que hacen sentido en esta administración.
El gasoducto marino Puerta del Sureste, de unos 715 kilómetros de longitud, representa una inversión similar a la de Tesla en Nuevo León, algo así como 4 mil 500 millones de dólares.
Conectará el ducto marino sur de Texas-Tuxpan, permitiendo a los estados de Veracruz, Tabasco y a la Península de Yucatán, acceder al gas natural más barato del mundo.
¿Qué motiva el cambio de postura de las ONGs? Quizá el enfado por los agravios del Tren Maya, los accidentes de Pemex o porque su financiamiento proviene de fondos extranjeros que dictan su agenda.
Lo cierto es que Greenpace que lidera Gustavo Ampugnani y el Cemda de Gustavo Alanís, hoy acusan lo que no hicieron con los primeros siete mil kilómetros de Peña Nieto. De pronto el gas natural es del diablo.
Y es que alegan desde “posibles” daños a los arrecifes de coral veracruzano, hasta el aumento en la dependencia energética de Estados Unidos, un discurso más geopolítico que ambiental.
Y vaya, han recurrido hasta al paladar de los veracruzanos acusando una amenaza para los tacos de pescado empapelado con hoja santa de Acuyo.
El desenlace de esta trama dirá si el sureste seguirá siendo el sureste, o si en algún futuro puede aspirar a economías con gas natural como la de Jalisco, Chihuahua, el Bajío o Nuevo León.
La entidad que gobierna Samuel García por décadas tiene acceso a ese energético, lo que ha impulsado la presencia de importantes industrias como la vidriera, acerera, cementera y automotriz.
LA ADMINISTRADORA DE fondos de capital privado especializados en el sector inmobiliario, Vertex Real Estate, está atravesando un complejo proceso legal. Y es que el gobierno de Nayarit, vía la Fiscalía General del Estado, clausuró los trabajos de su complejo turístico de lujo que se estaba construyendo en la zona de Bahía de Banderas desde 2019, derivado de las contínuas denuncias de los pobladores que refieren bloqueos a la libre circulación. En esta problemática destacan dos aspectos fundamentales: el compromiso del gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro, de apoyar el trabajo de los pescadores de la región, y que este no es un tema de percepción, sino legal en el que incurrió la inmobiliaria de Ricardo Zúñiga al apropiarse del paso libre de circulación de zona federal que conecta San Pancho y Sayulita. La carpeta NAY/SAY/V/RH/02846/2023, consta de cientos de testimonios de pescadores de la región, quienes han perdido su actividad productiva y denuncian afectaciones millonarias en la región. ¿Habrá indemnizaciones por parte de la compañía? Vertex Real Estate cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2011 y ha participado en más de 100 transacciones inmobiliarias por un valor superior a los 6 mil 800 millones de dólares. Con estas acciones resultará muy difícil convencer a nuevos inversionistas. Las malas prácticas pesan.
ESTA SEMANA SE cumplen los diez días hábiles que se dio la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que recibir recuros de inconformidad relacionados con la liquidación de los extrabajadores de Mexicana de Aviación. Si no sucede nada extraordinario, se procederá la próxima semana con el pago del primer tranche, aproximadamente 400 millones de pesos producto de las marcas comerciales, y a finales de agosto se pagaría los cerca de otros 420 millones de pesos. La entidad encargada de desembolsar los recursos va ser Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que dirige Javier Villazón Salem, y la pagadora la junta que preside María Eugenia Navarrete. Los recursos se le depositarán a los trabajadores en tarjetas del Banco del Bienestar, que dirige Víctor Lamoyi.
HAY CIERTA PREOCUPACIÓN entre los concesionarios privados de autopistas de peajes tras de que el gobierno de Guerrero, que maneja Evelyn Salgado, expropiara el Viaducto Punta Diamante de Acapulco. Allá hablaron de un rescate, pero se trató de una apropiación que manejaron como “rescate” de esos activos concesionados a Fibra Orión, de Rodolfo Campos. Ahora que vienen las elecciones presidenciales, se sabe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará recursos líquidos de donde pueda para financiar al candidato de Morena y los peajes son un medio idóneo. Operadores apunte a Pinfra de David Peñaloza, RCO de Demetrio Sodi Cortés, Coconal de Héctor Ovalle, VISE de Santiago Villanueva, Hermes de Carlos Hank Rhon, Aléatica de David Díaz, Mota-Engil de Joao Parreiro, Omega de Jorge Melgarejo, Marhnos de Nicolás Mariscal e IDEAL de Carlos Slim Helú.
NO SON SEIS sino apenas tres meses de prórroga la que otorgó no la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, sino la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Nuño, a la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos Aeropuerto del Norte. Hablamos de la terminal privada de los principales empresarios de Monterrey, cuya concesión vencía el 12 de agosto.
AYER MURIÓ EN Miami el empresario y activista Alejandro Martí. A últimas fechas luchó contra afecciones respiratorias que le deterioraron los pulmones. El también fundador de la Fundación México SOS estaba a la espera de un trasplante que ya no llegó a tiempo. Este fin de semana habrá una misa y homenaje en México. Descanse en paz.