LA REVELACIÓN DE Samuel García de las peticiones que el PRI y el PAN hicieron en Nuevo León para permitir que se eligiera a su interino, modificaron el rumbo del pleito judicial de Desarrollo Logistik.
Hablamos del compejo industrial que cuenta con 2 mil 200 hectáreas y que en la actualidad está a un 60% de ocupación. Se sitúa a 25 kilómetros del centro de la ciudad de San Luis Potosí.
El desarrollo está junto a la red ferroviaria del Canadian Pacific Kansas City Southern y de la Carretera 57, ambas, principales vías de conectividad con Estados Unidos y Canadá.
El grupo político ligado al exprocurador del estado, Adrián de la Garza, tuvo que dejar en libertad este fin de semana a los empresarios Fernando Villarreal Cantú y Blanca Ballesteros Almaguer.
Estaban detenidos desde diciembre, acusados de un fraude de 595 millones de pesos: 456 millones por supuesta simulación de gastos y 139 millones que habrían ido a cuentas de empresas de sus hijos.
En los hechos, la pareja ha enfrentado desde 2017 un intento de toma hostil de la compañía por parte de un grupo de accionistas minoritarios, todos relacionados con el sector político.
Hablamos de Juan Carlos López Rodríguez, José Luis Salas Cacho, José Cerrillo Chowell, Roberto López Palau, y el hijo de un exgobernador potosino, Marcelo de los Santos Anaya.
El embate había sido infructuoso, hasta que se involucró en el asunto De la Garza, el mismo al que Samuel señala de controlar la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de querer quedarse oficialmente con el nombramiento de Fiscal.
En un par de semanas, empezando justo en los días en que Samuel García Sepúlveda estaba de licencia, configuró una causa penal contra Villarreal y Ballesteros.
Desde ese momento, la defensa de los empresarios neoleoneses que lleva el penalista Samuel Rubio, inició una batalla en tribunales federales para demostrar la ilegalidad de la prisión preventiva y para hacer valer los preceptos del Artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que impide aplicar esa medida cautelar a personas adultas mayores.
Hasta en dos ocasiones, en la última semana, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en Monterrey ordenó la liberación de los dueños de Desarrollo Logistik.
Y aunque el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, Armando Barajas García, se resistía a cumplimentar la orden, este fin de semana se concedieron las liberaciones.
Quedará ahora por delante el conflicto judicial por la propiedad de los parques industriales, que tienen un valor de tres mil millones de pesos, alberga a 80 empresas y que da empleo a 22 mil 700 personas.
Adrián de la Garza seguirá contando con el apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Arturo Salinas Garza, a quien por cierto quería colocar como gobernador interino.
Pero la contraparte parece que tendrá un favorable escenario político en el que se busca exterminar la influencia del llamado “PRIAN”, cuyos acuerdos el propio Marko Cortés exhibió en el caso de Coahuila.
A LA PRESIÓN que ya de por si tiene Mota Engil México para entregar las obras que construye para el gobierno de la 4T, ante la indigestión que le están provocando tantas asignaciones, ahora se le suma una más de sus inversionistas a nivel global. Las recientes revelaciones de tráfico de influencias de Amilcar Olán, el gran proveedor de balasto para las vías del Tren Maya, ponen en entredicho el gobierno corporativo y las prácticas de compliance de la constructora portuguesa que preside Antonio da Mota. Será difícil resolver las observaciones e inquietudes de los accionistas que están sorprendidos de la manera en que funcionarios de la compañía que encabezan aquí José Miguel Bejos y Joao Parreira hicieron tratos con el ya célebre Amílcar, sin investigar el perfil del personaje y sus vínculos con uno de los hijos de la familia presidencial.
SON DOS GRANDES grupos los que se beneficiaron del desmantelamiento del sistema de distribución de medicinas que ejecutó la entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda en el inicio del sexenio, Raquel Buenrostro, y de la compra consolidada: el de Zoé Robledo y el de Alejandro Calderón Alipi. El primero, director del IMSS, y el segundo, director del IMSS-Bienestar. Bajaron a grupos como Fármacos Especializados, Dimesa-Pisa, Maypo, CPI, Ralca o Pego, y dieron entrada a empresas como Romedic, Vanquish, Cimsa, Medicar, Gambars, Vimedical, Ethomedical, La República, Sagitario y Green. Personajes como el susodicho Amílcar Olán y Aldo Díaz operan ahora para uno u otro. Están llevándose al año contratos por unos 40 mil millones de pesos por la compra y reventa a delegaciones.
POR CIERTO: ESTE viernes se informó al interior del IMSS la salida del hasta hoy titular de la Dirección Jurídica, Antonio Pérez Fonticoba. Lo sustituye Karen Berlanga Valdés, hasta la semana pasada Coordinadora Técnica de Vinculación con el Congreso. Su ascenso no es cosa menor: se va uno que no encajaba en esa estructura mafiosa en la compra de medicinas y llega una de toda la confianza de Zoé. Karen fue brazo derecho de Javier Guerrero entre 2020 y 2021 en la Secretaría General del IMSS. Éste ahora es director de Evaluación del organismo y señalado de organizar ese esquema donde los nuevos distribuidores de la 4T compran a los laboratorios de siempre y revenden con sobreprecio pequeños pedidos al propio IMSS.
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL de los Boeing 737 Max 9 comenzó a pasar factura a las aerolíneas. Era prematuro suponer que esta nueva falla del fabricante que preside David Calhoun se resolvería en cuestión de días. Aunque Boeing ha reconocido su responsabilidad, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos sigue trabajando con especialistas para determinar si la falla es un riesgo para las más de 200 aeronaves que hay a nivel mundial. Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, posee 19 de ellos, pero tiene pedidos otros once que deberá recibir en los próximos meses, para alcanzar 30 equipos.
SON VARIOS INCUMPLIENTOS en los que incurrió Media Business Generators que llevó a Forbes Media a no querer renovar el contrato que venció en diciembre. Apunte la comercialización de encuestas a precandidatos que buscan posicionarse en las elecciones de este año, así como ventas futuras de publicidad a sabiendas de que el acuerdo estaba por finalizar. El Consejo de la Comunicación, que preside Francisco Casanueva, ya alertó a sus socios sobre el particular. Aún así, la empresa de Mariano Menéndez promovió un recurso ante el Juzgado 44 Civil para mantener la franquicia.