El sector náutico y la Secretaría de Turismo han comenzado a sostener reuniones de trabajo para abordar las modificaciones en la Norma Oficial Mexicana que regula los servicios de buceo. Estos cambios implicarían el pago de certificaciones que podrían llegar a alcanzar hasta un millón de pesos.
Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, manifestó que fueron informados sobre estas modificaciones, las cuales consideran incoherentes. Ante esta situación, están buscando entablar un diálogo y llegar a un acuerdo con las autoridades para poder realizar las modificaciones necesarias, especialmente en los requisitos de seguridad, información, operación y equipamiento para la prestación de servicios turísticos de buceo.
El pasado 3 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de la NOM 12, que se enfoca en los requisitos de seguridad y equipamiento para los proveedores de servicios turísticos, con el objetivo de reemplazar la NOM-12 de 2016. La publicación estableció un período de 60 días para llevar a cabo una consulta pública, y el sector se enteró recientemente, solicitando apoyo para realizar las modificaciones necesarias.
“Para tener una certificación de buceo ahora nos piden ser especialistas en canotaje, alpinismo, y que además de ser incongruente al ser buceo en agua, resulta altamente caro, además de que nos están solicitando contar una máquina desfibrilador de corazón en la embarcación que ronda en los 70 mil pesos”, agregó.
Explicó que solo había dos casas de buceo identificadas a nivel nacional y derivado de esto abrieron una convocatoria y ya suman más de 60 en todo el país.
“Hemos hasta ahora tocado 21 temas de 157 rubros que son, lo que tomará tiempo pero que un deporte como el buceo no puede cerrar por una falta administrativa en ley, para ello estamos cimentando las bases para determinar lo que será válido sobre todo para la seguridad de todos”, agregó.
Hasta el momento, las certificaciones utilizadas en el sector náutico en México son de carácter internacional y han estado en funcionamiento durante más de 50 años. Sin embargo, no existe una certificación nacional respaldada por el gobierno. Esto es lo que se busca implementar ahora.
“Nosotros pedimos no se tengan buzos piratas, que afecten la actividad, es por ello que se deben regular las instalaciones para practicar el buceo y ahí es donde deben intervenir las autoridades”, explicó.
Actualmente 30% de los socios náuticos tienen actividad de buceo, es por ello la importancia de que fueran incluidos y escuchados.