El gobierno de Claudia Pavlovich parece estar empeñado en ahorcar a la industria del entretenimiento y del juego en Sonora.
Y es que se buscaría exprimir a los operadores y permisionarios de salas de juego, al grado de poner en peligro la actividad de un rubro que aporta 100 millones de pesos al año.
Asimismo, este sector permite la subsistencia digna entre empleos directos e indirectos para aproximadamente 25 mil sonorenses.
Lo que podría parecer totalmente legítimo a primera vista tiene un problema de fondo, ya que con total cerrazón y preocupante necedad el Congreso local legisló a contentillo.
Se acusa a los diputados estatales que preside el Morenista Luis Armando Colosio Muñoz, en contubernio con el Ejecutivo estatal, de haber promulgado reformas a la Ley de Hacienda.
La industria del juego y el entretenimiento denuncia que a todas luces las enmiendas son anticonstitucionales y violatorias de los derechos básicos de cualquier contribuyente.
Resulta que en diciembre pasado se decidió que dentro del paquete presupuestal 2019 se cobre a los clientes de centros de esparcimiento un 10% suplementario, sobre lo que ‘pudieran’ jugar.
Es decir: han decidido que además del IEPS y de todos los impuestos que a nivel federal, estatal y municipal pagan los casinos para poder operar, se exija ahora un pago “por ver si van a jugar”.
Y además todo indica que se mide de distinta forma al mismo sector, pues esta nueva imposición tributaria pareciera ser obligatoria sólo para 14 de los 15 permisionarios que tienen licencia autorizada.
Divertimex, de Gabriela Islas, tendría un acuerdo diferente con las autoridades estatales para no pagar el llamado ‘Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos’.
Vaya que Sonora tiene peso en cuanto a casinos, pues basta recordar que posee en la actualidad con 32 salas abiertas, repartidas en nueve municipios.
En esa tesitura, medidas de ese tipo son abusivas y generan competencia desleal, algo que en poco tiempo podría afectar tanto la actividad económica como los empleos en la entidad.
EL T-MEC CADA día se ve más distante que sea aprobado por el Congreso estadounidense. Esta semana el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, deberá reunirse muy probablemente en Washington con el equipo de Nancy Pelosi. Le decía que desde la semana pasada la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, venía arrastrando el lápiz en la presentación de un borrador que despejara las dudas que los demócratas tienen respecto de los recursos financieros que la 4T va destinar para garantizar la implementación de la Reforma Laboral. La idea es entregarlo en las próximas horas. Pero un tema que no termina de cuajar entre los los gremios laborales del vecino país son las garantías para hacer valer su cumplimiento. La poderosa AFL-CIO, de Richard Trumka, quisiera someterlo a tribunales en su propio país y México aboga por páneles trinacionales o binacionales, pero que éstos se hagan extensivos a otros rubos del mismo tratado, lo que rechazan los estadounidenses.
OTRA SEÑAL NEGATIVA para la ratificación este año del T-MEC es el rompimiento ayer de la misma Nancy Pelosi, la influyente líder de la Cámara de Representantes, y el presidente Donald Trump al iniciar la primera el procedimiento para investigar y llevar a juicio al presidente de Estados Unidos por presuntamente presionar a su homólogo de Ucrania para investigar a Joe Biden, su princial rival en las elecciones del año próximo. El enjuiciamiento a Trump demuestra que la agenda política ya se impuso a la comercial, por lo que se ve cada vez más cuesta arriba que los congresistas se vuelquen al T-MEC. Que alguien le avise a Moisés Kalach que sus probabibilidades de 50/50 cada vez se ven más remotas. Lleva meses con su pronóstico.
LOS TODAVÍA ACCIONISTAS de Altos Hornos de México, que controlan Alonso Ancira y Xavier Autrey, están gestionando un crédito por 180 millones de dólares. Lo hacen ante fondos europeos dado que la banca tradicional se ha mostrado reticente. Los recursos, que equivalen aproximadamente a unos 3 mil 500 millones de pesos, serían para mejorar el perfil financiero y darle un mejor valor a la compañía previo a su venta. Estamos hablando de una tercera parte de sus pasivos, que según se conoce rondan los 9 mil millones de pesos. Le informé ayer que aunque las negociaciones van con Paolo Rocca de Grupo Techint, también mostraron interés Lakshmi Mittal de Grupo Mittal y Julio Villarreal de Grupo Villacero.
EN LOS ÚLTIMOS días han desfilado por Seguridad Alimentaria Mexicana Procter & Gamble de Marcio Andreazzi, Kimberly Clark de Pablo González, Pepsico de Roberto Martínez y Herdez de Héctor Hernández. Andan renegociando contratos de suministro para las más de 27 mil tiendas Diconsa. El organismo que dirige Ignacio Ovalle pretende depurar su padrón de proveedores, luego de que se detectara que para la adquisición de los 45 productos de la canasta básica se realizaban pedidos a alrededor de 2 mil 300 empresas. El objetivo es adquirir cada producto a tan solo tres proveedores, entre los que se encontrarían las dos ofertas con mejor precio del mercado, más una tercera que deberá ser un pequeño o mediano productor.
EN UNA DE esas y el gobierno de la 4T termina pagando a Aleática solamente 80 millones de dólares por el 49% que posee en el aeropuerto de Toluca. El rango más alto que está considerando la SCT, que comanda Javier Jiménez Espriú, son 100 millones. La parte adquiriente va ser el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, que dirige Gerardo Ferrando. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que lleva Oscar Argüello, retendrá su 25%, mientras que el gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo Maza, su 26%.