SOBRE EL PLEITO Actinver vs Rafael Zaga hay novedades: Primeramente, el fichaje del ex ministro Eduardo Medina Mora, inmerso en escándalos de tráfico de influencias, como flamante cabildero del banco.
Fue él de manera personal, sin formalmente encontrarse autorizado en los expedientes, quien se presentó a “abogar por su cliente” ante el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil de la CdMx, integrado por Verónica Ávalos Díaz, Cecilia Armengol Alonso y Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
Pues bien, a pesar de las gestiones del citado ex ministro, en la sesión del 14 de junio, se resolvió que el banco de Héctor Madero efectivamente incurrió en responsabilidad grave frente a Zaga al violar su deber fiduciario provocando un daño de más de mil millones de pesos a su propio cliente.
Lo anterior derivado de que Actinver, actuando en claro conflicto de interés, deliberadamente frustró un juicio promovido por un fideicomiso controlado por Zaga en contra de Moisés y André El-Mann, este último consejero independiente de Actinver.
El proyecto de resolución presentado por la magistrada Armengol venía favoreciendo a Actinver, pero después de casi tres horas de deliberaciones en sesión pública los magistrados Ávalos y Mota lo rechazaron terminantemente para fallar en favor de Zaga.
La discusión continuará en las próximas semanas respecto al daño moral causado y el importe de los daños punitivos que Actinver tendría que pagar, lo que puede escalar aún más el monto de la ya de por si cuantiosa contingencia que tiene que afrontar.
También está por verse si a pesar de estar resuelto el asunto, en un intento desesperado, Actinver, vía los oficios de Medina Mora, logra que algún ministro de la Suprema Corte de Justicia atraiga el asunto.
De entrada se antoja difícil por la política de cero intervención que la ministra presidenta Norma Piña tanto ha impulsado. Muestra de ello fue que en un expediente similar la Corte no le dio entrada.
Nos referimos al caso de Santander de Ana Botín contra las herederas de Roberto Garza Sada, fundador de Grupo Alfa, donde se condenó al banco al pago de mil millones de dólares igualmente por responsabilidad fiduciaria.
JJL CAPITAL SIGUE avanzando en la demanda de arbitraje que presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial contra el gobierno de Honduras por la expropiación de su filial Grupo CA Capital. Esta última se dedicaba a otorgar créditos de nómina a empleados públicos de ese país. Se acusa a una red de corrupción público-privada liderada por Amílcar Hernández, hermano del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández. JJL Capital, de José Luis Lloret Urrutia y Juan Carlos Monroy Urrutia, presentó la demanda internacional el 13 de febrero. Pero los tribunales locales han operado a favor de él, de Waleska Yamileth Medina Ferrera, de Enrique Bello Roch y de Carlos Max Paguagua. La primera, nombrada administradora de la empresa, fue encontrada culpable por el delito de encubrimiento durante audiencia de fecha 24 de abril de 2023 ante la Juez Karla Lizeth Romero Dávila. Actualmente se encuentra a la espera de la individualización de la pena, no obstante, continúa ostentando el cargo de administradora judicial con el aval de la Juez Paola Yuyin Portillo Martínez, con el riesgo implícito que continúe cometiendo la misma conducta delictiva. Por lo que se refiere a los socios locales de Grupo CA Capital, Bello Roch, quien es presidente de la Sección Internacional para Centroamérica y el Caribe del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (Comce), se encuentra prófugo de la justicia hondureña, al igual que Max Paguaga. A ambos se les dictaron órdenes de aprehensión locales e internacionales dentro de dicho proceso por no haberse presentado al mismo. El fraude cometido asciende a cerca de 380 millones de dólares.
LAS CALIFICADORAS COMIENZAN a ver con buenos ojos los esfuerzos realizados por Pemex durante el sexenio. Carlos Pascual, vicepresidente global de Energía y Asuntos Internacionales de Standard & Poor´s, reconoció que la petrolera que dirige Octavio Romero ha implementado medidas para acelerar la producción, mejorar la eficiencia y reducir los costos. No obstante, el gran reto sigue siendo la disminución de emisiones. Un dato que resaltó, es que se ven grandes oportunidades para Pemex, ya que las grandes empresas privadas internacionales del sector energético se están enfocando en la producción de energías limpias, por lo que serán las compañías nacionales quienes produzcan aún 70% de los hidrocarburos que se necesitan para las próximas décadas. Hace ya casi un año S&P mejoró la perspectiva de calificación BBB de Pemex de negativa a estable. ¿Veremos una nueva escalada en la posición?
EL 7 DE junio la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) puso en funcionamiento la Plataforma Digital de Publicidad Exterior de la CdMx. Se trata de una nueva herramienta tecnológica que se estableció como una obligación en la actual Ley de Publicidad Exterior. Surge con múltiples deficiencias. La principal es que la mayoría de los módulos de consulta no tienen información y despliegan la leyenda “en proceso”. Es evidente que la aplicación aún no estaba terminada. Sin embargo tuvo que habilitarse para cumplir el compromiso que semanas antes asumió el titular esa cartera, Carlos Ulloa, pues la plataforma debió estar lista en enero de este año. A pesar de que es poca la información que puede consultarse, de algunos de los módulos pueden datos que reflejan el estado actual de la publicidad en exteriores en la CdMx.
RECIÉN SE CELEBRÓ en Ginebra, Suiza, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Uno de los asistentes de la comitiva mexicana fue Sergio Javier Molina, consejero de la Judicatura Federal, experto en materias de equidad de género, derechos humanos y reforma laboral. El abogado explica que la transformación del sistema de justicia laboral mexicano está compuesta por dos derechos fundamentales: una materialización eficaz de la libertad contractual y la libertad sindical, potencializada desde la Constitución, y el derecho fundamental de acceso a la justicia.