Para la 4T la vacunación universal de la población mexicana que la inmunice contra el coronavirus, es la oportunidad de oro para catapultar al presidente Andrés Manuel López Obrador como el gran operador en pro de la salud primero de los más desprotegidos y después de todos los mexicanos, durante la pandemia.
Al iniciar el proceso de vacunación masiva, el canciller Marcelo Ebrard garantizó que ya se han comprado y prepagado 232 millones de dosis, a dos por cabeza implica que 116 millones de mexicanos podrán ser inmunizados.
Sin embargo, si el subsecretario Hugo López Gatell cumple sus amenazas de mezclar las vacunas que provienen de diversos laboratorios, la estrellita en la frente podría convertirse en la lápida funeraria del sistema de salud mexicano.
Y es que los epidemiólogos y especialistas advierten que lo más difícil, conseguir las dosis, ya se logró, pero que no hay que correr riesgos innecesarios.
El mérito se lo quiere llevar todo el gobierno, de ahí que se haya decidido no compartir laureles con los actores privados, al menos no antes de las elecciones de junio, a pesar del acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación donde se autoriza a estados y privados participar en el proceso de vacunación.
En este caso por razones de emergencia las autoridades de salud de todo el mundo decidieron autorizar el uso de las diferentes vacunas, antes de concluir la fase 4 de pruebas clínicas, vacunas que han podido pasar con bastante éxito todo el resto del protocolo.
Pero eso implica que los gobiernos centrales o federales son los únicos autorizados para manipularla y mientras que en algunos países desarrollados éstos van de la mano con sus sectores privados para hacer más eficiente la vacunación, en México se está haciendo un uso político que impide que el reconocimiento se lo ponga otro que no sea la 4T.
Y es que las autorizaciones que en México otorga la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, tienen que haber cumplido el protocolo establecido para gozar de su registro sanitario.
Tras varias señales que confundieron a más de uno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que dejó claro que no se va pelear con los empresarios que hasta ahora lo han venido acompañando en estos dos primeros años complicadísimos de gobierno. En las semanas pasadas fueron objeto de críticas en las conferencias mañaneras, especialmente por los contratos que ganaron en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sus aliados, a juzgar por lo que expresó ayer y aunque no los mencionó por nombres, están lo mismo en algunos medios de comunicación como en grupos ajenos a su Consejo Asesor Empresarial. En este apartado apunte a Carlos Slim. De los que sí están en aquel reducido grupo que lo ha apoyado considere a Olegario Vázquez Aldir, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez y Carlos Hank González, principalmente.
Como si braskem necesitara más problemas legales, ahora se someterá a una investigación y pruebas de sus mecanismos de gobierno corporativo y compromiso social en el tema de violencia de género. El director de la compañía, Stefan Lepecki, acaba de ser citado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que explique qué seguimiento dio a las denuncias de agresión a mujeres por parte ni más ni menos que de su Director de Cadena de Suministro, Marcio de Campos Marino. Si la administración de Lepecki hizo caso omiso a las denuncias y no investigó, podría ser considerado responsable de encubrimiento, según fuentes cercanas al caso. Vamos a ver si la alta dirección de esta empresa, filial de la multi señalada Odebrecht, protege a su ejecutivo, paga su defensa o lo regresa a Brasil.
Ayer en villahermosa, Tabasco, se anunciaron cambios en la estructura de Pemex Exploración y Producción. Octavio Romero informó la jubilación de Miguel Ángel Lozada y el ascenso formal de Ángel Cid. Con la salida de aquél pues también quedan en el aire los compromisos de pago a contratistas, adeudos que superan ya los 150 mil millones de pesos. Tan solo a finales del año pasado Lozada quedó muy formal con ponerse al corriente con las cuatro empresas que por lo visto son las que más le preocupaban. Hablamos de Schlumberger de Olivier Le Peuch, Halliburton de Jeff Miller, Baker Hughes de Lorenzo Simonelli y Weatherford de Mark A. McCollum. Entre todas suman más de 26 mil millones de pesos.
Respecto a la licitación del call center de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos informan que la empresa SPEM incumplió muchísimos aspectos técnicos que la dejaron fuera. Por ejemplo, no generó una oferta técnica de los servicios, no cumplió con las fechas de transición, no entregó datos completos del administrador del proyecto, del organigrama y del plan de desarrollo de los recursos humanos. Asimismo no acreditó que los centros de contacto tengan las certificaciones de seguridad de la información ISO 27001 y PCI DSS, ni certificaciones de alguna entidad mexicana de registro para el caso de su sistema de gestión.
Hoy seguridad alimentaria Mexicana, de Ignacio Ovalle, emitirá el fallo para la contratación de la póliza de protección del programa de maíz, frijol y trigo panificable que se almacenan en unas 600 bodegas y con capacidad para captar alimentos con un valor calculado total de 2 mil 939 millones de pesos. El contrato amparará el periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 31 de diciembre de este año. Van GNP de Alberto Bailléres con una oferta de 18.1 millones de pesos, Sura de Carlos Ospina con 16.2 millones e Inbursa de Carlos Slim con 2.8 millones de pesos.