En una mañana reciente de viernes, alrededor de 200 cultivadores de coca y marihuana se reunieron en Cajibío, un pequeño pueblo en el suroeste de Colombia, para escuchar al gobierno. Esto ocurrió poco después de que una propuesta para legalizar la marihuana recreativa se rechazara en el Congreso apenas 10 días antes, dejando al Gobierno de Colombia en una posición complicada.
En la reunión, funcionarios del Ministerio de Justicia presentaron planes para abordar el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. Entre las propuestas se encontraban la mejora de infraestructuras como caminos y puentes para conectar a los agricultores con mercados legales, permitiendo que los cultivos legales se vendieran con mayores ganancias y desalentando así el cultivo de drogas ilegales. También se planteó la legalización de los títulos de propiedad de la tierra para formalizar los derechos de los agricultores sobre sus terrenos y una nueva iniciativa para legalizar la marihuana.
Gloria Miranda, directora de política de drogas del Ministerio de Justicia, expresó la intención del gobierno de reconciliarse con los agricultores. Sin embargo, Yulier López, una madre soltera de 48 años que representa a un grupo de unos 800 agricultores de marihuana, no mostró mucho interés en las propuestas, y afirmó que era hora de actuar.
Se estima que más de 200,000 agricultores que cultivan drogas viven en la ilegalidad en Colombia, ya que sus cultivos son ilícitos. Esto ha ocurrido en un contexto donde Colombia ha sido un protagonista en la guerra global contra las drogas durante las últimas cinco décadas, y los agricultores han sido afectados por políticas represivas aplicadas por los legisladores. Incluso, se intentó reanudar las fumigaciones indiscriminadas con glifosato para combatir la producción de coca, pero esta práctica fue prohibida por la Corte Constitucional colombiana debido a los riesgos para la salud de los agricultores.
En la reunión, muchos agricultores expresaron que se vieron obligados a vender sus cosechas a cárteles internacionales debido a la falta de oportunidades alternativas. Temen tanto las represalias de los criminales como las acciones legales por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley si son descubiertos cultivando coca.
A diferencia de los agricultores que cosechan hoja de coca (la base de la cocaína), los productores de marihuana, como López, enfrentan un panorama más incierto. Aunque el consumo de marihuana fue despenalizado en Colombia en 1994 y cada residente colombiano puede cultivar hasta 20 plantas para uso personal, la venta de marihuana fuera de las industrias farmacéutica y textil sigue siendo ilegal, lo que deja a pequeños agricultores como López con pocas opciones legales para vender sus cultivos.
El presidente progresista de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado las políticas represivas desde antes de asumir el cargo. Durante su campaña, prometió prohibir la erradicación forzosa de cultivos de coca y crear un mercado legal para la marihuana recreativa, permitiendo a los agricultores incorporarse a la economía formal. Sin embargo, su tiempo en el cargo ha sido desafiante, y una reforma constitucional para legalizar el comercio de marihuana fracasó por un solo voto.
La oposición a la marihuana legal, representada por el líder opositor derechista Germán Vargas Lleras, argumenta que esto solo aumentaría el consumo de drogas y celebró el fracaso de la última propuesta de regulación.