El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la preparación de dos iniciativas de reforma constitucional dirigidas a asegurar que el aumento al salario mínimo no quede rezagado respecto a la inflación y a modificar el sistema de pensiones de los trabajadores. Estas declaraciones fueron realizadas durante su participación en la conmemoración del 117 aniversario de la histórica huelga de trabajadores de Río Blanco, Veracruz.
López Obrador detalló que tiene previsto enviar una propuesta de reforma al artículo 123 de la Constitución para garantizar que el salario mínimo nunca se incremente por debajo de los índices inflacionarios. Además, se comprometió a revisar y reformar el sistema de pensiones establecido durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000), considerándolo inhumano e injusto para los trabajadores que, tras décadas de labor, reciben pensiones que no reflejan adecuadamente sus ingresos pasados.
En el marco de esta política laboral, el mandatario también anticipó su intención de modificar el artículo 127 constitucional para asegurar que el aumento al salario mínimo esté resguardado, destacando que esta acción era un homenaje a los mártires de Río Blanco durante el porfiriato.
En relación con estos anuncios, expertos en economía como Víctor Gómez Ayala, director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), han señalado la importancia de garantizar la sostenibilidad fiscal en caso de otorgar tasas de reemplazo del cien por ciento en pensiones. Indicó que esto podría impactar negativamente en las finanzas públicas, afectando otros sectores como la infraestructura o los programas sociales.
Por otro lado, Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), subrayó la dificultad de alcanzar un sistema de pensiones con tasas de reemplazo del cien por ciento, señalando que incluso en países desarrollados como Noruega y Dinamarca, dichas tasas no alcanzan el 100%, sino alrededor del 70%. Además, se mencionó que en México, este nivel de reemplazo solo se observa en ciertos trabajadores de entidades como Pemex, CFE e IMSS.
Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), anticipó que la reforma propuesta por el presidente podría revertir cambios realizados en la Ley del ISSSTE de 2007, devolviendo a los trabajadores del ISSSTE a un modelo de pensiones administrado colectivamente por el gobierno en lugar de cuentas individuales.
El Proyecto de Nación 2024-2030 presentado por el presidente también menciona la sustitución del sistema de pensiones individualizadas por un sistema público que asegure un retiro digno para los trabajadores, argumentando que esto promovería la justicia social y la formalidad laboral. Sin embargo, expertos como Ramírez Fuentes recuerdan que las Afores se establecieron debido a un sistema de pensiones fallido en el pasado y que su introducción fue para crear cuentas individuales que reflejaran los esfuerzos laborales de los trabajadores.
En el contexto de estas propuestas, Víctor Gómez Ayala destacó la necesidad de homogeneizar los sistemas de pensiones en el país, ya que la diversidad existente entre ellos genera asimetrías significativas.
Estos anuncios del presidente López Obrador marcan un paso importante hacia posibles reformas constitucionales que tendrán un impacto significativo en el sistema laboral y de pensiones en México, generando un amplio debate sobre su viabilidad y sostenibilidad.
