Los estafadores han llevado la clonación de tarjetas de crédito a otro nivel. La sospecha ahora es que han encontrado nuevos cómplices.
Al menos dos grandes bancos que operan en México están investigando una nueva manera de hacer fraudes: aparentar que tienen físicamente la tarjeta de crédito de sus víctimas, sin realmente tenerla.
Los dos casos sucedieron en la cadena Chedraui, en la Ciudad de México:
La persona dueña de la tarjeta de crédito va al Chedraui a comprar. Paga con su tarjeta física: la inserta en la famosa cajita con pantalla y digita el número de identificación personal (NIP) para corroborar su autenticidad. Se aprueba el pago, la persona agarra sus bolsas y se va del supermercado.
Horas después, le empiezan a aparecer cargos de la propia tienda Chedraui, a meses sin intereses, como para no llamar la atención con montos grandes.
Cuando la persona dueña de la tarjeta de crédito detecta los cargos no reconocidos, llama a su banco para denunciarlos y recibe como respuesta que los cargos están hechos con la tarjeta física y digitando el NIP, como si hubieran metido la tarjeta en la cajita y presionado los cuatro números secretos.
¡¿Cómo es posible?! La tarjeta de crédito nunca ha dejado de estar en poder del dueño. No se la robaron, no se la quitaron momentáneamente, nada. ¿Cómo lograron simular que la tenían físicamente? ¿Qué papel pudieron haber jugado las personas operando las cajas y la cobranza en el supermercado?
Este tipo de cargos -donde el sistema reporta que la tarjeta física estuvo en la operación- puede dejar en situación vulnerable a los clientes porque depende del banco si asume el costo del fraude o se lo termina endosando al cliente.
SACIAMORBOS
El Plan B de López Obrador tropieza por todos lados. Frente al rechazo social a su reforma del INE y el anuncio del PRI (su reciente aliado) de que no la aprobará, el presidente dijo que tiene un “plan B” para golpear al INE: no buscar la reforma constitucional (para la que requiere dos terceras partes de los votos en el Congreso, que no tiene) sino cambios a las leyes (que se aprueban con mayoría simple, que sí tiene). Como el presidente estaría violando la Constitución con las leyes, seguro derivaría en acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Pensará el presidente que esas acciones tardan en resolverse y no suspenden la ley (no procede la suspensión contra normas generales), con lo cual, podrían entrar en vigor sus pretensiones dañinas. Quizá lo que no tenga claro es que hay un nuevo criterio de la Corte que dice que las normas generales sí pueden suspenderse si su aplicación viola derechos fundamentales. Fue un criterio del ministro Pérez Dayán que ya se aplicó en varios casos. Así que si el juez que recibe el asunto no se achica, casi en automático tendría que suspender cualquier ley electoral de AMLO; o escalaría para que lo resolvieran tribunales superiores.