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    OpiniónLicencias, otro handicap para la UVM: Darío Celis

    Licencias, otro handicap para la UVM: Darío Celis

    Opinión

    En la última reunión de los 125 alcaldes del Estado de México la constante que se comentó es la falta de licencias de funcionamiento y de uso de suelo que tienen planteles educativos.

    Particularmente en el encuentro de refererencia se habló de la Universidad del Valle de México (UVM) y de la UNITEC en esa entidad gobernada por el priísta Alfredo del Mazo Maza.

    Incluso el alcalde de Coacalco, Darwin Eslava, comentó en la reunión que ya está en la última etapa el procedimiento administrativo para la clausura del campus hispano de la UVM que se encuentra ahí.

    En 2017 el campus UVM de Tlalpan fue clausurado por más de cuatro meses por la entonces delegada, Claudia Sheinbaum, por haber presentado documentación de funcionamiento apócrifa.

    La UVM argumentó entonces que el responsable de esa documentación apócrifa era el arrendador, respuesta que no le sirvió de gran cosa a la institución educativa.

    Otros campus, como el de Santa Fe, San Rafael y la Roma también han experimentado el mismo problema de carencia dee uso de suelo y han enfrentado procesos administrativos de clausura.

    Tanto la UVM como la UNITEC están en el régimen SEP 1, lo que significa que la dependencia al mando de Esteban Moctezuma les permite operar reduciendo la regulación.

    Pero ante la falta de uso de suelo y otros documentos de operación hay un alto riesgo de que los saquen de ese grupo privilegiado. Ya hay un procedimiento muy avanzado en el campus UVM Santa Fe. 

    La SEP está haciendo verificaciones en toda la república mexicana, pero como tiene poco personal debido a la pandemia de Covid-19, está visitando planteles solo en la Ciudad de México. 

    Los campus de Veracruz y de Texcoco de la UVM lo conforman muchos terrenos que carecen de licencia de fusión de predios y es imposible conseguirla ya que tienen diferente uso de suelo.

    Ese es otro caso más de lo endeble de la situación que impera alrededor de la documentación de estas universidades. 

    Apunte estos nombres: Jimmy Gómez, Jenniffer Hillman, Michael Camuñez y Meg Whitman. Los tres primeros están sonando en los corrillos de Washington como candidatos a relevar a Robert Lighthizer en la Oficina de Representación Comercial del gobierno de Estados Unidos. El primero, más político que técnico, un congresista que envía una señal a favor de los movimientos sindicalistas. La segunda ha sido asesora jurídica de esa oficina y funcionaria de la Organización Mundial del Comercio. El tercero fue subsecretario de Comercio con Barack Obama. Y la cuarta, empresaria, ex CEO de eBay y HP, candidata perdedora a gobernadora de California, se menciona como posible secretaria de Comercio.

    La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca también significa un respiro para AHMSA. Se cree que el presidente electo promoverá una relación comercial más colaborativa en materia de acero. En el gobierno de Donald Trump se iniciaron 182 investigaciones antidumping en este rubro. A las exportaciones mexicanas de acero estructural le aplicaron un impuesto compensatorio de 31%. Con el demócrata la industria asentada aquí, amén del grupo de Alonso Ancira, De Acero de Raúl Gutiérrez Muguerza, Arcelor-Mittal de Víctor Cairo, Ternium de Máximo Vedoya, TAMSA que capitanea Guillermo Vogel y Gerdau Corso que dirige Fabricio Meirelles.

    En medio de la crisis financiera y de imagen por la que atraviesa Interjet, Miguel Alemán se está jugando sus dos últimas cartas, que son fundamentalmente políticas. Una es una nueva oferta para donar al sector salud 42 millones de mascarilas KN-95, que el empresario daría también en pago al gobierno de la 4T. La otra, que moverá a inicios de 2022 las operaciones de Interjet al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, de la que se convertirá en aerolínea bandera. Con ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni la rescataría ni la dejaría quebrar. El planteamiento ya está en el escritorio de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.

    Tras la salida de Javier Jiménez Espriú se rompió su grupo compacto. Primero salió Gerardo Ferrando porque con la ayuda de Carlos Morán quiso aprovechar la ausencia del nuevo secretario Jorge Arganis para presentar como un hecho que el Grupo Aeroportuario CDMX iba a funcionar como organismo descentralizado y controlaría las terminales de Santa Lucía, CDMX y Toluca, en cuanto el primero quedara listo. Ahora está pronta la salida del subsecretario de Comunicaciones porque Arganis quiere operar con su equipo y tiene sus lealtades con Marcelo Ebrard y con ICA, donde fue secretario de Bernardo Quintana.

    Descarte a senda Autotransporte en los expedientes de Roberto Barquera Ugarte. Aunque en sesión del 21 de agosto de 2019 el Ifecom lo había designado conciliador de ese grupo, emplazado por la banca a que pague una pesada deuda que ronda los 3 mil 500 millones de pesos, se excusó por ser abogado de Navistar, otro acreedor de la empresa de Jaime Rodríguez. Nunca tomó la posición, aunque quedó registrado como tal en la base de datos del organismo que dirige Edgar Bonilla.

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