El Presidente de la República, en medio de la discusión para eliminar el outsourcing, prometió dar el buen ejemplo como patrón.
Se propuso respetar los derechos laborales y dar base a unos 500 mil trabajadores al servicio del Estado que están subcontratados.
Pero Andrés Manuel López Obrador no ha explicado que en el Presupuesto de Egresos del próximo año no hay recursos públicos para emplear a medio millón de personas.
Expertos en finanzas públicas estiman que para basificar a este volumen de empleados, el gobierno requiere un presupuesto anual, sólo de salarios, de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos.
Lo anterior no considera, además, la carga social, que podría disparar ese monto en un 25% adicional.
Un ejemplo: la Cámara de Diputados contrató a 462 personas de limpieza que estaban en el esquema de subcontratación con un salario de aproximadamente 4 mil 200 pesos mensuales.
Ahora, con su incorporación al Congreso, tendrán un salario de 9 mil 526 pesos y además acceso a una serie de prestaciones y apoyos que los llevarán a un salario integrado de 14 mil pesos al mes.
Pero adicional al salario hay que considerar factores como antigüedad que el trabajador tuvo en el esquema de subcontratación y los montos de seguridad social en la Afore, por decir algo.
Tampoco están garantizados la cobertura y la calidad de los servicios públicos de salud en el ISSSTE-FOVISSSTE.
Sin embargo aún hay más: los legisladores de Morena quieren modificar al apartado “B” del artículo 123 de la Constitución, donde se establecen las garantías laborales de los empleados del gobierno.
El objetivo de la 4T, le decía el sábado, es darles libertad de asociación a estos sindicalizados al servicio del Estado que encabeza el líder de extracción priísta, Joel Ayala.
“No vamos entregar una FSTSE a un dirigente sindical que no sea de Morena”, comenta un cercano al senador Alejandro Armenta, el dedo chiquito de Ricardo Monreal que le procesa las iniciativas.
Se estima que en el último año el gobierno asignó 50 contratos de outsourcing por 5 mil millones de pesos a las secretarías del Bienestar, Defensa, Marina, Educación, Economía, Cultura y la Cancillería.
Según datos de CompraNet entre 2019 y noviembre de este año, el gobierno que encabeza López Obrador ha adjudicado 955 contratos a empresas de subcontratación por un monto de 6 mil 103 millones de pesos.
El contrato de tercerización más grande lo asignó Banco del Bienestar, de Diana Álvarez, y la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, es la segunda dependencia en dar contratos de outsourcing.
Tan solo considere uno de 670 millones de pesos a una empresa para mil personas que operan el financiamiento agrícola.
En las últimas horas han arreciado las presiones de técnicos y rudos para influir en la nominación presidencial de quién será la nueva subgobernadora del Banco de México. De las tres cuyos nombres se barajaban desde hace dos semanas, una es la que tiene reales posibilidades: Galia Borja, la Tesorera de la Federación. Patricia Armendáriz incumple la Ley por su edad y la actual directora adjunta del banco, Claudia Álvarez, es la candidata del establishment del propio instituto central. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que abrir más la baraja, de ahí que el anuncio que debió hacer el viernes lo aplazó para hoy. Dos nombres fueron incluidos desde ese día: Raquel Buenrostro y Graciela Márquez.
Toda la fuerza del Estado ya está cayéndole a Roberto Gil Zuarth. Le referí la petición que la Procuraduría Fiscal, a cargo de Carlos Romero Aranda, hizo hace un mes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf, para que le proporcione toda la información de las cuentas que posee en el sistema financiero. Las pesquisas también se extendieron a su esposa, Elia Mary Knight, de la que incluso se asegura le congelaron 22 millones de pesos provenientes del gobierno de Tamaulipas. Al ex senador y ex secretario particular de Felipe Calderón se le relaciona con negocios del gobernador de ese estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del que es su abogado personal.
Esta semana el gobierno del Estado de México deberá emitir el fallo de la autopista Tultepec-Pirámides. Parece que va solo Mota-Engil, que preside José Miguel Bejos, constructora que presentó una oferta no solicitada cercana a los 4 mil millones de pesos a la administración de Alfredo del Mazo Maza. La vía es de casi 28 kilómetros, conecta el Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense y lo más relevante es que también unirá al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en la base de Santa Lucía.
Pues nada, banobras ni declaró este viernes pasado desierta la licitación del Paquete Sureste ni lo asignó. El equipo de Jorge Mendoza terminó pateando el proceso, ahora, al 18 de diciembre, día en que según dijeron van emitir el fallo que se viene posponiendo hace un mes. Le informé que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, pidió a Andrés Manuel López Obrador que esos 523 kilómetros de carreteras no se den a la iniciativa privada y pasen al control de Capufe.
Tal cual le adelanté, el jueves hubo pleno en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A diferencia de la penúltima prórroga, en la que votó en contra Adolfo Cuevas, ahora hubo unanimidad para dar a Disney otro plazo que vence el 4 de marzo para vender los canales de FoxSports. Según tascendió el vendedor, el conglomerado presidido por Bob Chapek, y el comprador, la española MediaPro, de Jaume Roures, propocionaron al regulador más información para consolidar la transacción.
Hoy se reúne la Asamblea de Dueños de los equipos de futbol. Los 18 patrones eligirán como nuevo presidente de la Liga MX a Mikel Arriola, ex director del IMSS. Su encomienda será ordenar la operación del balompié en México. Enrique Bonilla se hará cargo de la expansión internacional, en concreto, llevar los equipos mexicanos a Estados Unidos y a la zona de Concacaf. Lo foráneo pinta rentable para los 18 dueños. O sea que la Liga va tener a partir de hoy dos cabezas: una nacional y otra internacional.