La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró Inconstitucionales las normas del Código Penal Federal que penalizan el aborto voluntario, también protege al personal médico, parteras y otros oficios que lo realicen. Lo anterior se deriva del amparo en revisión 267/2023 del 6 de septiembre pasado.
Muchas voces lo festejaron, pero esto no implica que las instituciones de salud pública puedan practicar abortos de un día para otro, Si bien la sentencia ordena al Congreso Mexicano derogar las normas del Código Penal Federal invalidadas antes del 15 de diciembre, fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones, la implementación del servicio en todo el país es otra cosa y se interponen varios factores.
Para comenzar, actualmente solo 12 entidades de 32 han despenalizado el aborto voluntario -entre ellos Quintana Roo- y casi en todos, el límite para solicitar un aborto es hasta las 12 o 13 semanas de gestación; esto también cambiará con la inconstitucionalidad. En los 20 Estados restantes, los Congresos deben legislar para despenalizar el aborto. Por otra parte, eso no implica que el Estado habilite de inmediato a las instituciones públicas y a su personal para prestar el servicio de abortos de manera libre y gratuita. En Quintana Roo -por ejemplo-, pese a que hace un año el Congreso despenalizó el aborto, todavía existe resistencia en el sector salud para prestar el servicio a tal grado que las mujeres están optando por los servicios particulares o siendo ayudadas a través de asociaciones civiles. Prevalece el criterio de que si alguien quiere abortar, debe pagar y no costarle al gobierno. Lo mismo sucede en otras Entidades Federativas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció que el aborto gratuito y seguro no se consigue por decreto presidencial o por sentencias; sino que debe surgir de una política pública de Estado, diseñada bajo estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud que incluyan equipamiento a los centros de salud, programas de capacitación a los profesionales y métodos de evaluación de la calidad de los servicios, así como financiamiento, lo cual está pendiente. Esperemos que con este amparo, los Gobiernos Federal y estatales implementen cuanto antes dicha estrategia, para garantizar el acceso de las mujeres a ejercer libremente sus derechos reproductivos y sexuales, como un derecho constitucional. Hay todavía muchos huecos por llenar; también tiene que tener tratamiento sicológico para las madres que lo realizan, eso es una sugerencia. Me despido y les invito a seguirme en Twitter @Cristinalcayaga.