El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha expresado su firme oposición a la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección directa de jueces y magistrados a través del voto popular. Durante una conferencia de prensa, Salazar advirtió que esta iniciativa representa un riesgo significativo para la democracia en México y podría comprometer la independencia del Poder Judicial, elemento esencial para el funcionamiento de cualquier democracia.
Salazar subrayó que llevar la elección de jueces a las urnas podría fomentar una «política feroz» y aumentar la influencia de actores malintencionados, como los carteles del narcotráfico, en el sistema judicial mexicano. Según el diplomático, la elección directa haría más vulnerable a los jueces inexpertos a las presiones políticas, lo cual pondría en peligro la imparcialidad y la efectividad del sistema judicial.
El embajador también enfatizó las implicaciones económicas que podría tener la reforma judicial. Señaló que la incertidumbre generada por la elección de jueces afectaría la confianza de los inversores y podría debilitar la relación comercial entre México y Estados Unidos. Este posicionamiento de Salazar, uno de los más contundentes hasta la fecha, refleja la preocupación de Washington respecto a los efectos potencialmente negativos de la reforma en la estabilidad económica y política de México.
En contraste, el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, compartió que los inversores canadienses también han manifestado inquietudes, aunque fue más cauteloso en sus declaraciones para evitar ser percibido como una injerencia en los asuntos internos de México.
A pesar de las críticas, Salazar reconoció algunos aspectos positivos de la reforma, como la fijación de plazos para la resolución de asuntos en los tribunales. Sin embargo, insistió en la necesidad de salvaguardas para garantizar que cualquier cambio en el sistema judicial no debilite la calidad y la independencia del Poder Judicial.
La reforma ha generado un amplio debate dentro de México, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, expresando su respaldo a la enmienda, aunque también ha llamado a un debate amplio antes de su aprobación. Mientras tanto, la oposición a la reforma se ha intensificado, con aproximadamente 1,400 jueces y magistrados uniéndose a un paro de labores en protesta por la propuesta.
El futuro de la reforma judicial se discutirá en el Congreso mexicano a partir del 1 de septiembre, en medio de un clima de incertidumbre y preocupación tanto dentro como fuera de México.