Un juez en México ha ordenado la liberación bajo fianza de Eugenio Hernández, quien fuera gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas. Hernández es buscado por Estados Unidos debido a acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio no autorizado de navíos.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que presentará un recurso para impedir la liberación, argumentando el riesgo de que el acusado escape.
El juez determinó que Hernández, político perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exgobernador desde 2005 hasta 2010, podría ser liberado al pagar una fianza de cinco millones de pesos (aproximadamente 315,000 dólares), equivalente al 10% del monto total. Hernández también enfrenta acusaciones de corrupción en México, un problema que ha afectado a varios gobernadores de Tamaulipas debido a la intensa actividad de los cárteles en la región.
Riesgo de fuga
La FGR se opone a la liberación, argumentando que existe un riesgo evidente de fuga. La decisión del juez se suma a una serie de polémicas resoluciones judiciales que han favorecido a políticos con reputaciones cuestionables, lo que ha llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador a denunciar un sistema judicial «corrompido».
Estados Unidos acusa a Hernández de crear empresas ficticias para desviar fondos públicos y de blanquear millones de dólares a través de cuentas bancarias en ese país. Aunque México aceptó su extradición en 2018, recursos legales presentados por el exgobernador han retrasado el proceso, culminando en su liberación bajo fianza.
La liberación de Hernández ha generado críticas por parte de la Fiscalía, que considera inaceptable permitir que un acusado buscado por otro país quede en libertad bajo una fianza insuficiente. A pesar de los retrasos legales, la FGR insiste en la gravedad de los delitos imputados a Hernández y en la necesidad de que enfrente la justicia.
Esta situación controvertida guarda similitudes con la condena previa del predecesor de Hernández, Tomás Yarrington, quien admitió haber recibido sobornos y haber lavado dinero en Estados Unidos, y quien previamente había enfrentado cargos relacionados con el tráfico de drogas en asociación con el Cártel del Golfo.