Una evaluación desclasificada de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha puesto en entredicho uno de los argumentos clave del presidente Donald Trump para justificar la reciente invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual ha sido utilizada para acelerar deportaciones de inmigrantes indocumentados, incluyendo presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
El informe, difundido a través de una solicitud de transparencia pública, concluye que es “muy improbable” que exista una relación estratégica o directa entre el gobierno de Nicolás Maduro y las operaciones de Tren de Aragua en territorio estadounidense. La conclusión se basa en diversos factores, entre ellos la estructura descentralizada de la pandilla y las acciones represivas, incluso letales, que el propio régimen venezolano ha emprendido contra sus miembros.
El uso de una ley de tiempos de guerra
En marzo, Trump activó la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando que Tren de Aragua estaba librando una “guerra irregular” en Estados Unidos bajo órdenes, directas o indirectas, del régimen de Maduro. Esta normativa, que data del siglo XVIII, permite al presidente tomar medidas extraordinarias contra personas de nacionalidades consideradas enemigas en tiempos de conflicto o amenaza inminente.
Sin embargo, un juez federal en Texas, designado por el propio Trump, dictaminó el pasado viernes que esta invocación fue ilegal. Según el fallo, el presidente “no puede declarar de manera arbitraria” que un gobierno extranjero está realizando una invasión o incursión depredadora sin fundamentos verificables.
Hallazgos de la comunidad de inteligencia
La evaluación contradice directamente la narrativa impulsada por la Casa Blanca al señalar que, aunque es posible que algunos funcionarios venezolanos cooperen de forma aislada con Tren de Aragua —principalmente para beneficio económico—, no existe evidencia de una coordinación sostenida o estratégica. Además, se indica que la migración de miembros del grupo hacia Estados Unidos podría haber sido facilitada ocasionalmente, pero no como parte de una estrategia oficial del régimen.
También se cuestiona la fiabilidad de algunas declaraciones realizadas por detenidos en Estados Unidos, quienes podrían estar motivados a exagerar sus vínculos con el gobierno venezolano en busca de beneficios judiciales.
Reacciones desde el gobierno
La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, respondió a la controversia con una fuerte crítica a los medios de comunicación, a los que acusó de actuar como “apologistas” de criminales violentos. “Mientras el presidente Trump y su gobierno se esfuerzan a diario por garantizar la seguridad de Estados Unidos, algunos medios siguen empeñados en tergiversar las evaluaciones de inteligencia para socavar la agenda presidencial”, declaró.
Un informe que alimenta el debate
La publicación de esta evaluación añade combustible al debate político sobre el manejo de la migración y la seguridad nacional. A pesar de las discrepancias internas en el propio gobierno, Trump ha reiterado su compromiso de combatir la delincuencia vinculada a migrantes y utilizará todos los recursos a su alcance para ello.
La comunidad de inteligencia, sin embargo, sugiere que Tren de Aragua opera más como una red criminal fragmentada y de bajo nivel que como un brazo armado del chavismo en el extranjero. La polémica está lejos de terminar.
