El Senado de la República aprobó la regulación del consumo lúdico personal de la marihuana, con lo que se pone fin a la incertidumbre sobre si se permitiría o no desde que se aprobó su uso medicinal en el 2017. El dictamen que ahora será discutido en la Cámara de Diputados crea la Ley General para la Regulación de la Cannabis; el Instituto Mexicano para la Regulación de la Cannabis y establece reformas y adiciones a la Ley General de Salud, así como al Código Penal Federal.
La polémica no se hizo esperar, pues además de quienes se oponen a la legalización, hay voces de grupos simpatizantes que han advertido que lo aprobado es insuficiente, pues la ley establece que para el consumo personal lúdico se podrá tener en casa hasta 8 plantas y portar hasta 27 gramos; pero de 28 a 200 gramos se aplicarán multas y si traen más de 200 gramos se castigarán con prisión, o sea que se sigue penalizando a los consumidores. Además, desprotegen a los productores pequeños pues por el T-MEC, tendrán que cumplir con los mismos mecanismos, que transnacionales en Estados Unidos y Canadá ya han desarrollado, lo que beneficiará solo a unas cuantas empresas. Llaman la atención otros aspectos como el que se permitirá fumar en espacios públicos; interiores de trabajo públicos y privados; instituciones de educación superior solo con zonas exclusivas al aire libre; y que en casa no se podrá fumar en presencia de menores de edad. -¿Cómo van a controlar esto último?
Es conocido que con la legalización de la marihuana, se busca que pase de ser, de un asunto judicial a uno de salud pública, donde se pueda abordar mejor desde la prevención y ayuda a las personas. Sin embargo, al igual que en Estados Unidos, y Canadá, el modelo mexicano está basado más en la solución de la delincuencia y el beneficio económico, que en la salud y las adicciones. Sería pertinente observar la política pública que implantó Portugal hace 19 años en el 2001; con la que despenalizó todos los estupefacientes; estableció las cantidades máximas de posición por persona y creó Comités de Disuasión formados por psicólogos, abogados y profesionales que brindan asesoría y rehabilitación.
Le queda ahora a la Cámara de Diputados, el reto de acotar el dictamen aprobado por el Senado y favorecer medidas de prevención y concientización, en un momento social que probablemente es el más agitado para discutir estos temas.