Durante su tiempo en el cargo, el Diputado Hugo Alday Nieto ha mostrado un fuerte compromiso con los principios que sustentan una sociedad equitativa y justa. Su más reciente acción legislativa refleja la coherencia con la que ha llevado a cabo su labor desde el inicio de su carrera política.
Como miembro del Partido de Trabajo, el legislador está impulsando una iniciativa que aborda un tema serio y actual en la sociedad contemporánea: las llamadas «terapias de conversión» o «Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género» (ECOSIG). Estas prácticas buscan alterar la orientación sexual, identidad o expresión de género de individuos pertenecientes a la comunidad LGBTTQIA+, y han sido criticadas como violaciones directas a la dignidad humana.
La propuesta de reforma, liderada por la Diputada María Fernanda Cruz y respaldada por Alday Nieto, no solo es oportuna, sino también un avance significativo hacia la protección de los derechos fundamentales de las personas. La modificación del Título Cuarto del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, específicamente la adición del Capítulo VII para abordar los Delitos Contra la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género de las Personas, representa una respuesta legislativa necesaria y adecuada.
El artículo 195-Octies incluido de manera explícita prohíbe las «terapias de conversión» y establece un marco legal para sancionar las conductas discriminatorias que afectan el desarrollo libre de la personalidad, la orientación sexual o la identidad de género. La redacción detallada del artículo ofrece la claridad necesaria para evitar interpretaciones ambiguas y asegurar una aplicación efectiva de la ley.
La sensibilidad y responsabilidad de ambos legisladores al abordar este tema demuestran su comprensión de la delicadeza y complejidad que rodean las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Esta iniciativa muestra una comprensión profunda de la necesidad de proteger a la comunidad LGBTTQIA+ de prácticas que, además de carecer de base científica, perpetúan estigmas y vulneran los derechos humanos fundamentales.
En un entorno político marcado por la polarización y la retórica agresiva, esta iniciativa destaca como un ejemplo de empatía y respeto. Refleja un compromiso auténtico con la construcción de una sociedad inclusiva y justa.
El esfuerzo por penalizar las prácticas discriminatorias vinculadas a las «terapias de conversión» es un paso esencial hacia la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de una legislación moderna y respetuosa con la diversidad.