Para el diputado Hugo Alday, Presidente de la Comisión de Justicia, la aprobación del Congreso a la reestructuración de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, va más allá de una modificación administrativa. La propuesta enviada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, plantea una reingeniería profunda del sistema de persecución e investigación de delitos en la entidad.
El corazón de esta propuesta radica en la creación de cuatro nuevas Fiscalías Especializadas, cada una enfocada en un ámbito crítico: la trata de personas, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos ambientales y el desarrollo urbano. La intención detrás de estas nuevas fiscalías es asignar expertos y especialistas para rastrear, investigar y perseguir delitos en estos cuatro rubros: “Las fiscalías especializadas de conformidad con el dictamen aprobado
por la Comisión que me honro en presidir, tendrán competencia para ejercer sus atribuciones en todo el Estado y desarrollarán las facultades conferidas al Ministerio Público por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables en todas las etapas del procedimiento penal, en razón de la materia que le corresponda” informó Hugo Alday.
De acuerdo con el análisis realizado en las reuniones de trabajo de la Comisión de Justicia, una de las áreas de enfoque más destacadas es la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca garantizar la protección de los derechos de los menores y combatir la trata de personas, en concordancia con tratados internacionales.
Hugo Alday asegura que además, la propuesta aborda la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, una necesidad urgente en el estado que busca alinear la legislación local con el gobierno federal ya que “Con esta fiscalía, aunada a la creación de la UIF del SATQ con carácter de autoridad y la reforma al Código Penal respecto del tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se da cauce a una necesidad urgente y nos armonizamos con el gobierno federal, situación que debió suceder desde hace más de un sexenio” aseguró el legislador.
Asimismo, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano responde a una imperiosa necesidad en nuestra entidad. Esta nueva fiscalía garantizará que profesionales altamente capacitados sean responsables de rastrear, investigar y llevar ante la justicia a aquellos individuos que perjudican nuestro entorno y cometen abusos contra los recursos naturales y la biodiversidad. Asimismo, abordará las infracciones relacionadas con el desarrollo urbano -una cuestión crítica para nuestras ciudades y comunidades- que se han visto afectadas por las invasiones y la venta ilegal de terrenos, problemas que han perdurado durante décadas sin una instancia especializada que dé puntual seguimiento a este tema.
La creación de un Consejo del Ministerio Público, también es parte de la iniciativa, con el fin de que sea un órgano que contribuya a la toma de decisiones administrativas y la mejora del sistema de prevención y combate del delito.
A decir del legislador petista, con más de 300,000 carpetas de investigación estancadas en Quintana Roo, esta iniciativa representa un paso adelante en la búsqueda de una justicia más eficiente y eficaz. La propuesta, fruto de un análisis profundo y la colaboración de diversas instituciones, promete dar un impulso crucial a la Fiscalía General del Estado, dotándola de facultades específicas y claras para brindar certeza jurídica a la ciudadanía.