Una ofensiva judicial por la autonomía académica
La Universidad de Harvard ha presentado una demanda ante un tribunal federal en respuesta a la decisión de la administración de Donald Trump de revocar su certificación para inscribir estudiantes internacionales. La acción legal representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el Gobierno y la histórica institución, en medio de acusaciones cruzadas sobre antisemitismo, ideología universitaria y libertad académica.
En la denuncia, Harvard argumenta que la medida viola la Primera Enmienda y acusa al Gobierno de actuar en represalia por no acceder a exigencias consideradas “ilegales e inconstitucionales”. La universidad solicita a un juez federal que bloquee de inmediato la orden emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dio 72 horas para entregar cinco años de registros de conducta de estudiantes extranjeros si Harvard desea recuperar su estatus migratorio.
El trasfondo: protestas, presiones y castigos
La revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) por parte del Departamento de Seguridad Nacional surge tras meses de tensiones. La administración Trump ha presionado a Harvard para que realice profundos cambios en sus políticas internas, señalando su supuesta tolerancia a discursos pro-Hamas y prácticas que califican de “racistas” bajo el modelo de diversidad, equidad e inclusión.
La Casa Blanca fue más allá, congelando 2.200 millones de dólares en fondos federales y preparando una ofensiva fiscal para rescindir su estatus de exención de impuestos. Kristi Noem declaró en medios que esto es “una advertencia para todas las demás universidades: pónganse en orden”.
Un golpe directo a miles de estudiantes internacionales
Más del 27 % del alumnado de Harvard está compuesto por estudiantes internacionales. De acuerdo con cifras oficiales, 6.793 alumnos extranjeros podrían verse forzados a abandonar sus estudios o transferirse, generando una crisis académica y personal sin precedentes.
El impacto ha sido inmediato. Estudiantes de países como Nueva Zelanda y Austria han relatado su angustia ante la incertidumbre. Muchos ya estaban en trámites migratorios o viajando fuera del país y temen no poder regresar. Además, la pérdida de apoyo financiero y de oportunidades en investigación amenaza con vaciar laboratorios y socavar la excelencia educativa que caracteriza a Harvard.
Reacciones dentro y fuera del campus
La comunidad académica ha reaccionado con indignación. Profesores, exfuncionarios y asociaciones estudiantiles califican la medida como un ataque autoritario. Jason Furman, exasesor económico de la Casa Blanca y profesor en Harvard, aseguró que esta decisión es “horrenda en todos los sentidos” y que debilita una de las mayores fortalezas del país: su sistema educativo.
El embajador de Australia en EE.UU., Kevin Rudd, también expresó su preocupación por los estudiantes afectados y ofreció apoyo consular. Mientras tanto, grupos como la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios acusan al Gobierno de orquestar una “campaña de intimidación ideológica”.
Harvard no cede terreno
Pese a la presión, Harvard ha reiterado su compromiso con su comunidad internacional. Jason Newton, portavoz de la universidad, afirmó que la institución está tomando todas las medidas legales necesarias para proteger a sus estudiantes y que no cederá en su misión académica frente a “acciones de represalia”.
La demanda legal presentada busca frenar el avance de lo que califican como una embestida contra la educación superior y la libertad institucional en Estados Unidos.
Una advertencia nacional
El caso Harvard podría marcar un precedente para otras universidades del país. Decenas de instituciones enfrentan presiones similares por parte de la administración Trump, que busca redefinir el rol de las universidades frente a temas ideológicos y de política exterior.
La batalla entre Harvard y el Gobierno no es solo legal: es simbólica. Y su desenlace podría determinar el futuro de la educación internacional en Estados Unidos.
