Cuando hoy se conmemore un aniversario más de la Expropiación Petrolera, el fantasma de la Reforma Energética deambulará por la explanada de la Torre Ejecutiva de Pemex.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el ala más radical del sector, entiéndase Rocío Nahle y Manuel Bertlett, han desdibujado en poco más de 15 meses la principal reforma de Enrique Peña Nieto.
A unas horas de que la 4T anuncie el paquete de proyectos de infraestructura energética, donde no queda claro si habrá nuevas rondas petroleras y farmouts, el único rubro que iba viento en popa pende de un hilo.
Estamos hablando de la apertura a la importación de combustibles, su almacenamiento, despacho y sobre todo venta de primera mano de gasolinas y diesel.
Y es que desde Palacio Nacional está saliendo, ahora mismo, el mensaje de dar marcha atrás a la reforma constitucional que permitió que en los últimos 4 años llegaran inversiones a las gasolinerías.
El nuevo régimen está amenazando con regresar al esquema de precios controlados de las gasolinas porque no le parece que los privados mantengan los actuales precios en un mercado de oferta y demanda.
No lo acepta porque Pemex, que dirige Octavio Romero y que importa el 76% de la gasolina que se consume aquí, está comprando los combustibles más baratos por el desplome de los precios internacionales del petróleo.
El razonamiento del gobierno es que los nuevos competidores de Pemex, los que desmantelaron la franquicia de las estaciones de servicio, están aprovechándose de la coyuntura y lucrando con los consumidores.
El precio entre lo que pagó Pemex en el exterior la semana pasada y lo que algunos gasolineros vendieron al público final, va de 3 a 5 pesos, diferencial que se esperaba se repercutiera a los consumidores.
Hubo algunos que sí vendieron gasolina y diesel más barato, pero otros no, porque argumentan que en los 2 últimos años se han ido acumulando aumentos en los costos de operación de las estaciones.
A pesar de que la apertura inició en 2014, las transnacionales no abrieron sus billeteras hasta 2016, año en que el todavía gobierno de Peña dejó de subsidiar la gasolina y permitió la importación a privados.
En la actualidad existen cerca de 12 mil 232 estaciones de servicio operando en México, de las cuales el 29% opera bajo 67 nuevas marcas dintintas a Pemex. Son aproximadamente 3 mil 492 gasolinerías de marca diferente.
Femsa, de José Antonio Fernández Carbajal, es la que más punto de venta ha desarrollado hasta ahora: Oxxo Gas maneja una 483 estaciones de servicio, seguida de BP, que comanda Alvaro Granada, con alrededor de 375.
La estadounidense Exxon-Mobil, que capitanea Enrique Hidalgo, figura en tercer lugar con cerca de 236; Petro 7, que encabeza Juan Carlos Paredes, posee 233; Hidrosina, de William Karam, otras 214.
Gasored, de Víctor Suárez, tiene 188 puntos; la española Repsol, que preside Esteban Gimeno, 180; Grupo Orsan, de Carlos Sandoval, 137, y RedCo, de Arturo Islas, 130 estaciones.
ECO, que dirige Luis Enrique Rodríguez, 128; Gasmart de Alejandro Uribe, 115; Gulf, que capitanea Sergio de la Vega, 111; Gas 500 de Guillermo Diez Barroso, 100, y Nexum de José Ángel García, cerca de 83 estaciones.
RECIÉN LE DECÍA que al interior del gobierno se está trabajando a marchas forzadas para encontrarle una salida a la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA). Las negociaciones con Ternium de Paolo Rocca no fructificaron y las gestiones con Villacero-Afirme comenzaron formalmente hace unos 10 días. Como el expediente ya es una carrera contra el tiempo un Plan B que se está considerando es que Nafin pueda entrar a apuntalar a los proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas de la región. La acerera de Alonso Ancira opera con aproximadamente mil 200 compañías locales, el grueso de ellas ya en situación muy apretada. El banco de segundo piso a cargo de Carlos Noriega podría pagar parte de los adeudos que se tienen con ellas. Antes se tendría que acordar un stand-still con los grandes proveedores, léase Pemex y CFE, amén del que es el principal acreedor financiero, Cargill, que preside David MacLennan. En este esquema también participaría Afirme, del mismo Julio Villarreal, que además de prestamista de AHMSA pues negocia tomar el control.
EN LA PASADA administración Softtek recibió al menos 17 contratos por asignación directa. Dos fueron las dependencias que se los otorgaron: el IMSS y Banobras. En 2016 y 2017 las huestes de Mikel Arriola le dieron respectivamente uno de 722 millones de pesos y otro de 560 millones, y en 2018 los pupilos de Tuffic Miguel le asignaron otro más por 860 millones, mismo que terminaba a mediados del 2019, pero que ahora la 4T “estiró”. Se podría alegar que son circunstancias extraordinarias en una dependencia que no ha sabido realizar un proceso abierto de convocatoria, pero el organismo a cargo de Zoé Robledo no es el único que dio este tipo de beneficios. En mayo del 2018, la administración de Alfredo Vara dio por asignación directa otro contrato de 230 millones por los servicios de fábrica de software durante 18 meses. Terminó en noviembre del 2019, pero ya se amplió dos veces. Sin duda que la firma de Blanca Treviño puede considerarse muy afortunada.
PUES NADA, QUE al margen de la crisis sanitaria derivada del avance del coronavirus, las secretarías de Salud, de Jorge Alcocer, y de Hacienda, de Arturo Herrera, no han podido sacar adelante la adjudicación de los medicamentos de patente de la compra consolidada 2020. Los contratos tendrían que estarse firmando esta semana. Estamos hablando de la compra de unas 88 claves que equivalen a alrededor de 6 millones 288 mil 493 unidades por un importe de entre 11 mil y 12 millones de pesos. Los productos de fuente única básicamente son para tratamientos de cáncer, artritis reumatoide, escleorosis múltiple, diabetes y ginecología. Algunos de los laboratorios a los que se les fincarán las compras son Glaxo Smith-Kline, MSD, Pfizer, Roche, Eli Lilly, Sanofi, Amgen, Abbie, Bristol, Novinordisk y Janssen, entre otros.