Mientras Andrés Manuel López Obrador ondeó la bandera que marca el inició de obras del Tren Maya el pasado primero de junio, al menos 159 organizaciones ecológicas, civiles y agrarias, además de 85 expertos investigadores, firmaron una postura contra la construcción del Tren Maya, enmarcados en un comunicado realizado por el CEMDA, que en uno de sus párrafos es tajante sobre la afectación ecológica que se realizará a la Península de Yucatán.
A través de un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reunió el respaldo documental y científico de numerosos investigadores, que advierten de los enormes riesgos que representa el Tren Maya, además de señalar que a pesar de haber dado a conocer los
diversos problemas que este generaría, a lo largo de los últimos meses, desde el anunció de la obra, estos no habían sido escuchados por las autoridades federales.
«Existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka‘an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas”, señala el documento, acompañado de links de las investigaciones correspondientes.
A esto se suman estudios donde se resaltan que no existe información suficiente acerca de los distintos proyectos económicos que este conllevaría, como las nuevas ciudades, los parques industriales y nuevos enclaves de desarrollos turísticos.
Asimismo, los estudios exponen riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; violación al derecho a la tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre-densificación del corredor turístico Cancún-Tulum.
CEMDA señala también que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto y donde la visita del Presidente el pasado lunes, atentaría contra el orden Constitucional.
Respecto a la supuesta aprobación de la ONU al proyecto, CEMDA preciso que aún y cuando el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, dicho apoyo no existe.
“Existen consultores contratados por FONATUR a través de ONU-Habitat y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin embargo esto no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas. Es más, las acciones de ONU-Habitat para el proyecto han sido denunciadas porque han puesto en peligro la salud de las personas al realizar censos, entrevistas y encuestas para su desalojo y despojo de sus hogares durante la emergencia sanitaria declarada desde el gobierno federal”, puntualiza al documento, que se encuentra en la página oficial de la CEMDA haciendo click aquí.