En un operativo que ha generado fuertes críticas y cuestionamientos legales, el gobierno del presidente Donald Trump deportó desde Texas a ocho personas consideradas por las autoridades como una “amenaza para la seguridad nacional”, entre ellas un ciudadano mexicano, Jesús Muñoz Gutiérrez, quien enfrenta una condena de cadena perpetua por asesinato en segundo grado.
Deportación polémica
La operación se realizó en un vuelo con destino a Sudán del Sur, a pesar de que un juez federal en Boston había emitido una orden que impedía expresamente la entrega de los prisioneros a ese país, ante preocupaciones por posibles violaciones a sus derechos humanos. No obstante, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) informó que la orden judicial fue recibida cuando la aeronave ya había despegado, por lo que el destino de los deportados continúa siendo incierto.
Según Tricia McLaughlin, subsecretaria de Relaciones Públicas del DHS, se trató de “remover a algunos de los individuos más bárbaros y violentos ilegalmente en Estados Unidos”. Agregó que “ningún país quería aceptarlos porque sus crímenes son únicos, monstruosos y bárbaros”.
¿Quién es Jesús Muñoz Gutiérrez?
Entre los ocho deportados se encuentra Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano mexicano arrestado el pasado 12 de mayo por autoridades migratorias. Según el comunicado oficial, Muñoz ya había sido sentenciado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, aunque no se especificó si fue en Estados Unidos o en otro país.
El caso ha llamado particularmente la atención debido a que, pese a ser mexicano, fue enviado a Sudán del Sur, un país sin vínculos directos con su nacionalidad o lugar de residencia. Las autoridades no han explicado por qué fue enviado a ese país ni bajo qué acuerdo se realizó la transferencia.
Vacío legal y derechos humanos
El director interino del Servicio de Migración y Control de Aduanas, Todd Lyons, explicó que los países de origen de los deportados se negaron a recibirlos, por lo que se buscó una nación dispuesta a aceptar su custodia. “Encontramos una nación que estuvo dispuesta a aceptar la custodia de estos terribles migrantes ilegales”, declaró McLaughlin.
Sin embargo, el juez federal advirtió que dichas personas no debían ser entregadas a ninguna autoridad extranjera hasta que se evaluaran las condiciones de su tratamiento en el país receptor, particularmente por el historial de abusos a los derechos humanos en Sudán del Sur.
Siguen bajo custodia
Hasta el momento, el DHS confirmó que los ocho individuos, incluyendo a Muñoz Gutiérrez, siguen bajo su custodia en territorio extranjero y no han sido entregados a las autoridades de Sudán del Sur. El destino final de los deportados dependerá de los procedimientos judiciales en curso, los cuales buscan definir si se revierte la deportación o se concreta su entrega al país africano.
Este caso sienta un preocupante precedente sobre los límites del poder ejecutivo frente a órdenes judiciales en materia migratoria, así como sobre las condiciones en las que se pueden realizar deportaciones cuando los países de origen rechazan recibir a sus nacionales.
