Retener la totalidad del IVA a las empresas de subcontratación laboral, como pretende el Proyecto de Ley de Ingresos del 2020, es abusivo y discriminatorio por parte del gobierno porque resta competitividad a las finanzas de estas empresas y sería el ‘tiro de gracia’ para cerca de 5 millones de empleos que están en el esquema del outsourcing en México.
Con este candado a mil 900 empresas prestadoras de este servicio tal vez el gobierno recaude más, pero el efecto en términos de empleo e inversión extranjera va a resultar un desastre para la economía mexicana, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
Según el INEGI, el empleo de esta industria representa casi el 10% de la Población Económicamente Activa.
El Proyecto de Ley de Ingresos del 2020 que empuja la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, pretende que sea la empresa contratante de este servicio quien retenga y entere el 100% del IVA al SAT, el día 17 del mes siguiente.
Lo anterior significa que la empresa subcontratista no puede descontar o acreditar el IVA que ya pagó por su operación y que deberá pelearlo con el SAT para que se lo devuelvan. ¿Y sabe cuándo va a ocurrir esto?
Según datos de Coparmex, el SAT regresa tarde el IVA ya acreditado y adeuda actualmente a las empresas cerca de 700 mil millones de pesos, sólo de este año.
El sindicato patronal dice que el problema con este gobierno es que al eliminar la compensación universal y ahora al pretender retener la totalidad del IVA a empresas del sector servicios, particularmente las de subcontratación, las finanzas de las empresas no van a resistir y miles de empleos se van a perder en los primeros meses del próximo año.
Hay empresas medianas y pequeñas que acuden a los servicios de subcontratación de personal para servicios de reclutamiento, selección y administración de personal, así como abogados, contadores, nóminas, expertos en recursos humanos, tesoreros, diseñadores, seguridad, limpieza, desarrolladores de software, entre otros.
Ante esta situación, alrededor de 25 confederaciones, asociaciones y cámaras empresariales se han venido manifestando en la Cámara de Diputados y a través del llamado Frente para la Defensa del Contribuyente (FEDECON).
Su demanda es muy clara: preservar el empleo por encima del interés recaudatorio de Hacienda y no discriminar a un sector de servicios sobre el resto de la economía. En Estados Unidos y Canadá existen este tipo de esquemas laborales.
EL 23 DE septiembre, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) concluyó las pesquisas en 6 bancos acusados de fijar conjuntamente tasas de interés para la compra de valores gubernamentales. Había la duda en el mercado si la instancia encomendada a Sergio López encontraría suficiente evidencia como para emitir un Oficio de Presunta Responsabilidad. Le adelanto que a 3 años de indagatorias, el organismo que preside Alejandra Palacios empezó a notificar ya a personas morales y físicas por coludirse a fin de repartirse este mercado, en línea con los reguladores antimonopolio de Europa y Estados Unidos que han sancionado estas prácticas. Así que viene un encontronazo fuerte con los bancos y habrá que ver la postura que adopta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
EL ACTO QUE si era ominosamente corrupto y lo frenó directamente Presidencia, era la asignación de unos 4 mil cajeros automáticos que ya tenía en la bolsa Alejandro del Valle. Este personaje traía la representación de un consorcio donde el principal proveedor de los dispositivos para dispersarse en los llamados centros del Bienestar era la firma coreana Hyosung. También iban amarrados Vivicolmex, Veriphone y Global Traslado de Valores. Del Valle resultó ser operador de Gabriel García, el Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo y jefe de los llamados superdelegados. Los Centros del Bienestar descuelgan del banco que dirige Rabindranath Salazar y serán virtuales sucursales en lugares donde no llega precisamente la banca comercial.
RESULTA QUE LA respuesta a lo que pasó con Oro Negro en Pemex puede estar en la Secretaría de Economía. Ahí despacha el litigante Alfonso Guati Rojo, quien fuera Subdirector Jurídico de Pemex durante la gestión de José Antonio González Anaya. Guati Rojo fue el artífice legal para permitir los excesos de los hoy prófugos. Cosa curiosa es que su mejor amigo es Juan Lozano, actual director del IMPI, y a quien llevó a trabajar a la dependencia de Graciela Márquez. Resulta que Lozano, ex director de Pemex Fertilizantes, y Guati Rojo en Oro Negro, ahora buscan ser vistos como de la Cuarta Transformación a través de elaborar proyectos de leyes que obedecen a intereses que ellos solo saben.
DONDE ESTÁN PASANDO por alto el discurso de AMLO en materia de corrupción es en el Servicio de Protección Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que comanda Alfonso Duranzo. Haga de cuenta que se abrió la temporada de asignaciones directas con la elaboración de fichas técnicas de productos dirigidas a empresas específicas, lo mismo para adquisición de uniformes y que de chalecos blindados y demás equipamiento. Las compras las coordinan la directora de Administración, Katia Estrada, y el comisionado Arturo Michelet, titular de los Servicios de Seguridad. Las empresas están ofreciendo hasta 20% del contrato para llevárselo.