Al menos 35 organizaciones empresariales de Quintana Roo dieron a conocer a la opinión publica una postura en contra de las modificaciones a impuestos de personas físicas y morales de juegos y concursos, es decir casinos, que se ubican en zonas turísticas del estado, al señalar contradicciones fiscales entre las leyes estatales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a nivel federal y solicitan al gobierno estatal que no sea aplicada.
Dicha ley exentaria a los casinos con inversiones de más de 40 millones de pesos del pago del Impuesto a las Erogaciones de Juegos y Sorteos, en la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020.
En el comunicado se encuentra respaldado por la Coparmex, Ciudadanos por la Transparencia, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ACOTUR, ACLUVAQ, AMPI, CANADEVI, entre varios organismos empresariales más.
A continuación se reproduce el comunicado integro:
C. Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
C. Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González Castro
C. Diputados de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo
A la opinión Pública:
El 13 de diciembre pasado, Los Diputados de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprobaron “una exención de impuesto a las erogaciones en juegos y concursos, en favor de las personas físicas o morales que realicen nuevas inversiones en el estado de Quintana Roo, superiores a los $40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos M.N.) y cuyo giro sea de juegos y concursos en la modalidad de casinos, que se ubiquen en las zonas turísticas del Estado y que acrediten que al menos 50% de sus clientes sean extranjeros o no residentes en la entidad”.
Esta disposición no venía contemplada en la Iniciativa de la Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo Estatal al Congreso, la cual se ingresó con fecha 19 de noviembre del 2019, sino que fue incluida en la sesión número 24 de fecha 26 de noviembre del 2019 de última hora, por Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, mediante la inserción de un artículo Séptimo Transitorio a la Ley de Ingresos del Estado, misma que fue publicada en el Periódico Oficial el 27 de diciembre del 2019.
Este precepto va en contra de la nueva política fiscal de la Federación; respecto a No otorgar privilegios a sectores que no representan una aportación a la productividad y/o afectan a la salud y buenas costumbres de la comunidad, además de que se retiran exenciones y condonaciones de impuestos y derechos.
Ante esta circunstancia nos permitimos plantear los siguientes cuestionamientos:
• ¿Han analizado los legisladores las implicaciones reconocidas como asociadas a la proliferación de casinos respecto a la inducción de conductas antisociales y dañinas para el desarrollo de la personalidad de los usuarios?
• Se calcularon debidamente los efectos ineludibles que conlleva la promoción del juego como son la ludopatía, la evasión fiscal, la trata de personas, y la desintegración familiar, ¿entre otros?
• Que sectores de la sociedad en particular, en la circunstancia actual estatal, piden que haya más casinos?
• Cuales partidos políticos, autoridades y personas, están impulsando esta disposición y cuales son sus motivaciones e intereses?
• Quien va a pagar las consecuencias económicas, sociales, de seguridad y salud pública que derivan de la aprobación de esta disposición?
• Por qué no se han tomado en cuenta las conclusiones y estudios reconocidos nacionales e internacionales, que advierten de los inevitables efectos nocivos del juego para las familias y la sociedad en su conjunto?
Solicitamos respetuosamente al Ejecutivo Estatal que, en virtud de que no fue una propuesta presentada por él mismo y que mientras no se respondan estos cuestionamientos fundamentales; el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos para el año fiscal 2020, no sea aplicado.
Atentamente.
