LUEGO DE TOMARLE la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a apoyar cualquier iniciativa que mejore las pensiones de los trabajadores mexicanos, la candidata Xóchitl Gálvez tocó otro tema relevante.
Hablamos de la subcontratación u “outsourcing”, que se supone había quedado desterrado de las prácticas laborales con reformas legales que datan de abril de 2021, mismas que fueron ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2023.
En su “contramañanera”, Gálvez pidió que se elimine el outsourcing del gobierno, porque se estiman 300 mil trabajadores por honorarios que no tendrán pensión. Se refería sobre todo a personal de limpieza y seguridad.
Y es que es, paradójicamente, el propio gobierno federal el que contrata empresas para el mantenimiento diario de instalaciones gubernamentales, un mercado de aproximadamente 37 mil millones de pesos anuales.
Este año ya empezó con contratos vigentes en materia de servicios de limpieza a dependencias del gobierno y prevalece la figura de la subcontratación, en la que un grupo, el “Cártel de la Limpieza”, simula competencia para ganar el mayor número de contratos posibles.
Tan sólo una de estas entidades privadas, Amot, Seguridad Privada y Servicios, ya obtuvo para este 2024 asignaciones por más de mil 500 millones de pesos en el ISSSTE, que está por dejar Pedro Zenteno; el Instituto Politécnico Nacional, que conduce Arturo Reyes, y el Aeropuerto Internacional de la CDMX, a cargo de Carlos Velázquez.
Es apenas un pedazo pequeño de un gran pastel que busca devorar el grupo encabezado por José Juan Reyes, quien ya ha sido denunciado por prácticas indebidas en los procesos de licitación gubernamentales en materia de servicios de limpieza.
El colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM) ha presentado a través de su abogado, Mauricio Santiago Eder, denuncias por adjudicaciones amañadas y manipulación de ofertas económicas a fin de ganar los contratos.
La Secretaría de la Función Pública, que encabeza Roberto Salcedo Aquino, tiene ahí un caso por resolver.
QUIENES PIENSAN QUE la posible terminación de la alianza entre Delta AirLines y Aeroméxico sería el final de esta última, están equivocados. Y es que hay que recordar que la aerolínea estadounidense que preside Ed Bastian primero compró el 49% del capital accionario de la que dirige Andrés Conesa, y después le fue autorizado el acuerdo de cooperación conjunta que les permite operar en el mercado México-Estados Unidos como si fueran una sola compañía, compartiendo ingresos, costos y utilidades. En otras palabras, si después de los alegatos el Departamento de Transporte, que encabeza Pete Buttigieg, concluye que no hay elementos para mantener vigente este acuerdo, Delta podrá seguirá operando sus rutas y frecuencias hacia y desde México, y Aeroméxico hará lo propio. Claro que es un duro golpe para los planes de las dos líneas aéreas, pero eso es totalmente independiente de que Delta se desinvierta de Aeroméxico, del cual posee alrededor del 25% de participación, luego de que salió del Chapter 11 hace ya prácticamente dos años. Lo que en verdad está en juego en la relación aérea bilateral, es si México cumple o no con los requisitos del acuerdo aéreo que liberalizó los cielos entre ambos países. Hoy parece que no, y como le dije, ni la Secretaría de Comunicaciones de Jorge Nuño ni la Canciller Alicia Bárcena, ni nadie del gobierno de la 4T, parece estar ocupado en resolverlo. El tráfico aéreo entre ambos países es uno de los tres más importantes a nivel global. De ese tamaño es lo que se está jugando en la mesa en detrimento de los pasajeros, que tendrán menos opciones de rutas, frecuencias, destinos y por supuesto mejores precios.
SERÁ ESTA SEMANA cuando la Cámara de Diputados discuta, y muy probablemente apruebe, los cambios que fueron votados por mayoría en la Comisión de Marina, que preside el morenista Jaime Martínez López, para actualizar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en materia de matriculación y registros marítimos. Recordará que desde hace varios años la industria naviera nacional agrupada en la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, lleva Armando Rodríguez, solicitó a las autoridades medidas para que exista una real competencia en el sector. El proyecto de decreto, entre otros cambios, elimina la posibilidad de que sociedades extranjeras se hagan pasar por mexicanas para realizar actividades de cabotaje en aguas nacionales, mediante esquemas corporativos simulados, algo que está prohibido por ley. También se incluirá la obligación de inscribir los contratos de arrendamiento financiero en el Registro Público Marítimo Nacional que depende de la Secretaría de Marina, para evitar que una empresa extranjera pueda solicitar el abanderamiento y matriculación de su embarcación utilizando un vehículo financiero para pasar como compañía mayoritariamente mexicana. El objetivo de fondo de esta iniciativa, que ha sido bien recibida por el sector, es cubrir los vacíos legales que han sido aprovechados por empresas extranjeras.
EL NACIONAL MONTE de Piedad cedió por primera vez en sus pretensiones de poner fin al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para ahora negociar con su sindicato, que dirige Arturo Zayún. Se espera que a más tardar el 8 de febrero, en su última audiencia de conciliación, puedan llegar a un acuerdo. El emplazamiento a huelga está programado para el 9 de febrero, pero cada vez se ve más lejano. Los directivos de la institución de asistencia privada que dirige Javier de la Calle han desistido de sus intenciones, debido a que se quedaron sin ningún respaldo. Por el contrario, los trabajadores se fortalecieron. Además, en el plano jurídico, las huestes de Zayún les han ganado en los diferentes frentes legales, como las demandas de despido injustificado de los sindicalizados, así como en el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Al Nacional Monte de Piedad no le quedó más que sentarse a la mesa de negociación. Ahora la huelga a la que los trabajadores nunca han querido llegar, alejarse.
EL ABIERTO MEXICANO de Tenis 2024 se realizará del 26 de febrero al 2 de marzo y Acapulco se encuentra listo para recibir a tenistas internacionales. En su edición número 31, contará con la participación de jugadores como Alexander Zverev, Holger Rune, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, quienes se encuentran entre los diez mejores del mundo. También estarán Alex de Miñaur, actual campeón de este torneo, así como Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Frances Tiafoe, Tommy Paul, quien fue finalista en la edición anterior, Ben Shelton y Cameron Norrie. Este será el primer evento de talla internacional que se realizará en Acapulco después del huracán Otis y tras la coordinación del gobierno federal, el gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado y el sector empresarial. Se espera detone la reactivación turística y económica del puerto.