La Cuarta Transformación
Nadie de la 4T ha salido a aclarar el conflicto de interés que existe entre el director de Pemex, Octavio Romero, y su principal asesora, la ex directora del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Elvira Daniel.
Los hijos de esta pareja, María Fernanda Romero Lozano y Jonathan y María Eugenia Cherem Daniel, son socios y representantes legales de las empresas IDOC Digital Services y Red-Led Solutions.
En estas compañías tanto Romero Oropeza como Daniel Kabbaz también tuvieron participación, al igual que socios y amigos del director de Pemex, que hoy día ocupan importantes cargos en la petrolera.
Son los casos del multicitado aquí Marcos Herrería y de Tomas Hernández Wade, amigos y socios de Romero y Daniel en “La Mercocha”, donde también participa Javier May, secretario del Bienestar.
Necesario destacar el irregular accionar del amigo entrañable del presidente Andrés Manuel López Obrador, promoviendo a todo lo que da el nepotismo al interior de la denominada empresa productiva del Estado.
Los primeros casos de que se tuvo conocimiento corresponden a familiares consanguíneos de Romero Oropeza, como sus sobrinas Pamela Oropeza Falcón, Aura Luz Flota Oropeza y Patricia Oropeza Zurita.
Asimismo, sus primas y primos Lorena de Los Ángeles Correa, Martha Lucia Oropeza Deya, Julio Manuel Oropeza Andrade y Carlos Augusto Oropeza Núñez. Pero aún hay todavía más.
Se trata de la relación de trabajo irregular, por no decir ilegal, que existe entre el ingeniero agrónomo y la señora Elvira Daniel, el cual se ha tratado de mantener oculto, pues no existe registro contractual.
Y es que la ex funcionaria labora en la Torre de Pemex, ingresa desde el estacionamiento exclusivo para altos funcionarios y es escoltada por el personal de seguridad, destacado al resguardo del propio Romero.
En la Secretaría de la Función Pública, que comanda Irma Eréndira Sandoval, no hay registro de ese contrato laboral, con todo y que se sabe que Daniel fue pieza clave en la compra de la refinería de Deer Park.
Se desconoce el carácter de la asesoría que da a Romero ni porqué sus visitas al edificio de Marina Nacional se han incrementado a partir de su destitución en el Centro Nacional de Control de Gas Natural.
Hasta ahora Romero Oropeza ha contestado con dos argumentos a las acusaciones de nepotismo: que los señalados o no son sus parientes y que en caso de serlos, laboraban en Pemex previo a su ingreso.
Ahora lo único que falta es que afirme que no conoce a los que muchos dentro y fuera de Pemex señalan como su super asesora, Elvira Daniel. ¿Tampoco la conocía?
La semana pasada la Suprema Corte, que preside Arturo Zaldívar, definió no otorgar el refrendo de concesiones de radio a varios grupos radiofónicos que demandaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lleva interinamente Adolfo Cuevas. Los radieros alegaban que tenían derecho a seguir explotando sus concesiones, a pesar de no haber pagado a tiempo los «derechos» por su uso, y también no haber ingresado la documentación de manera oportuna. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión exige que estos pagos y trámites se deben de hacer a una quinta parte antes de que venza el plazo de la concesión y no lo hicieron. Incluso se ampararon contra el artículo 114. Las estaciones que perdieron litigios hace unos días y sembraron precedentes negativos para el resto de la industria son la XHMOS-FM en Mochis, XHSP-FM en CDMX y la XENZ-FM en Culiacán. La mayoría de estaciones que ahora el IFT tendrá que retirar la concesión, unas 50, están vinculadas a RadioCentro, de Francisco Aguirre, y Radiorama, de Adrián Pereda y Javier Pérez de Anda. La gestión del actual consejo de la CIRT, que encabezó José Luis Aguirre, también de RadioCentro, estuvo centrada en el refrendo de estas concesiones y no lograron su cometido. Ahora IFT va a iniciar rescate de dichas frecuencias.
El presidente no quiere meterlos a la cárcel. Lo único que quiere Andrés Manuel López Obrador es que paguen los impuestos que deben, que con multas, recargos y demás, ya rondan los 5 mil millones de pesos. Pero ni Miguel Alemán Velasco, ni Miguel Alemán Magnani ni Alejandro del Valle muestran mucha disposición que digamos. Los dos primeros están fugados desde hace semanas y el segundo hace esfuerzos para, según él, rescatar a Interjet. Ya hubo una opinión de delito que emitió Raquel Buenrostro en el SAT y una querella promovida por el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda. Pero ante la inacción de los empresarios ya se están integrando en la Fiscalía General de la República, que capitanea Alejandro Gertz Manero, órdenes de aprehensión, mismas que en cosa de días serían turnadas a un juez. Y sería solo por un delito de apenas 65 millones de pesos, aproximadamente.
En más de la batería de cambios en el gabinete que se mencionan, apunte los de las secretarías de la Función Pública y de Seguridad Pública y Ciudadana, que podrían abrir los espacios que le refería para que Rogelio Ramírez de la O empiece a mover sus fichas en la Secretaría de Hacienda. Además de Octavio Romero director de Pemex y el actual subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción Roberto Salcedo, otra que puede relevar a Irma Eréndira Sandoval es la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro. También Santiago Nieto podría dejar la Unidad de Inteligencia Financiera, para irse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y su posición pudiera ser tomada por Sandro García Rojas, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El grupo de accionistas mayoritario de Banco Accendo inició formalmente el procedimiento para un take over y la liquidación de los activos de la sociedad que controla la institución. Javier Reyes fue notificado de la decisión de iniciar el proceso de liquidación, lo que llevaría eventualmente a la instalación de un Consejo de Liquidadores que asumiría las funciones del Consejo de Administración. Reyes y su equipo directivo no han sabido sacar a flote al banco, a pesar de las múltiples inyecciones de capital durante su gestión. Para colmo se ha mostrado indispuesto a resolver y aclarar los asuntos que originaron los litigios, medidas cautelares e investigaciones penales que enfrentan él y la institución.