En varias semanas, por no decir meses, se han calentado las benditas redes sociales con el tema de la #LeyBonilla, argumentando diversos medios y expresidentes de esta noble nación, que se trataba de una barbarie sin precedentes por parte del autoritarismo de Morena, que nos llevaría al chavismo seguro, directo y sin escalas.
Posteriormente, un video que muestra a la exministro Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en la que expresamente señala que la reforma denominada #LeyBonilla era legal por tratarse de una Ley emanada del Congreso Local y ser derecho vigente, también fue terriblemente mal usado, aprovechándose del desconocimiento general de la terminología jurídica, para hacer daño a una mujer que ha generado grandes avances jurídico-políticos para este país, como la exministro, lo cual es lamentable.
Esta noticia errónea en su contenido y manipulada en muchos casos, se viralizó y le costó sendos puntos porcentuales al presidente y a su partido político en el primer trimestre del año que corre.
Sin embargo, una vez que se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como todos estábamos esperando, se hace preciso aclarar los dos puntos anteriores a fin de no seguir alimentando estas erróneas o desafortunadas interpretaciones de parte de medios de comunicación y expresidentes de México.
Dicho lo cual, es menester aclarar que el órgano de donde emanó la #LeyBonilla, es decir, quienes la votaron y promulgaron, fue el Congreso de Baja California compuesto por 25 diputados, de los cuales solo 3 correspondían a la fracción de Morena y la mayoría que aprobó esa terrible Ley, fueron de PAN y PRI.
En este sentido, los que hoy se rasgan las vestiduras fueron los que votaron esa Ley y la promulgaron, la hicieron derecho positivo y vigente. Que quede claro. Es facultad del Congreso, de nadie más. Y el congreso la aprobó con la mayoría de PAN y PRI.
Ahora bien, por lo que respecta al comentario de la exministro, en el momento que se hizo la grabación era totalmente cierto, jurídicamente correcto, ya que era una Ley emanada del Congreso legítimo de Baja California, votada, promulgada y publicada; con lo cual era derecho vigente y por lo tanto, era ‘legal’, hasta que la Corte se pronunciara.
Así que, antes de seguir alimentando el odio y el divisionismo emanado de los poderes fácticos de antes, sería muy recomendable asesorarse para poder tomar partido o emitir una opinión razonada y con fundamento. Ya que de lo contrario, solo seguimos haciendo daño a nuestros semejantes, a nuestro país y a nuestras instituciones.