Las palabras importan: lo que dice el presidente pesa y tiene consecuencias. lo he expresado muchas veces.
El miércoles vimos un episodio que lo demuestra. Alguien en el equipo de seguridad del presidente decidió que era buena idea arrojar gas lacrimógeno a un grupo de alcaldes que se manifestaban frente a Palacio Nacional y exigían ser recibidos por el mandatario para pedirle que se asignen más recursos a los municipios del país.
La protesta era mayoritariamente de alcaldes panistas pero había de varios partidos. Incluso tres de Morena.
Es posible que la ecuación haya funcionado más o menos así: Alcaldes=políticos. Panistas= corruptos. Opositores= fifís. Como sea, el equipo de seguridad del presidente los recibió con gas cuando empezaron los empujones en la Puerta Mariana de Palacio Nacional.
No pasó nada grave, no hubo heridos, no hubo violencia…
¿No pasó nada grave? Nadie piensa que lo ordenó el presidente. Hubiera sido muy sencillo para él reprobar la acción y seguir a otra cosa, pero cuando le preguntaron en la mañanera, justificó la agresión y, como hace cada vez que hay un cuestionamiento, descalificó a los alcaldes: agresivos, provocadores, desesperados.
¿No es grave lo que ocurrió?
Este presidente se conmueve por el sufrimiento de los delincuentes más sanguinarios y de sus mamás cuando son encarcelados, los considera ‘pueblo’ y rechaza usar la fuerza contra ellos porque sería ‘represión’ pese a que ellos sí que echan mano de la violencia y las armas para atropellar, despojar, extorsionar, aterrorizar y asesinar a ciudadanos.
Este presidente rechaza mover un dedo en contra de los maestros de la CNTE cuando bloquean vías del tren y causan pérdidas de miles de millones de pesos a la economía, cuando bloquean el Congreso y las calles, cuando vandalizan instalaciones oficiales. Él no los va a ‘reprimir’. Al contrario, les da todo lo que exigen –dinero, plazas, privilegios– y les regala el control de la educación pública de México.
Este presidente desecha por completo el uso de la fuerza o la acción legal contra los normalistas que secuestran a 90 personas por más de una semana y se apoderan de autobuses. Él nunca va a ‘reprimir’ al pueblo de México. Al contrario, les manda a un alto funcionario a dialogar, les regala plazas automáticas, les garantiza impunidad por sus delitos.
Este presidente descarta usar la fuerza legítima del Estado contra los cárteles mexicanos, que están entre las organizaciones criminales más poderosas del mundo, porque él no va a ‘reprimir al pueblo’. Por el contrario, les manda abrazos, los respeta, los deja ir.
Pero este presidente, a la primera señal de empujones, recibe con gas lacrimógeno a las autoridades elegidas del primer nivel de gobierno, el que está en contacto más directo con la gente. Tan legítimos como él. ¿Qué hubiera dicho si estuviera en la oposición? ¿Estaríamos ya a las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Es preocupante, diría que ominoso. Y no se trata de caer en el juego de empezar a buscar qué alcaldes de los que estaban ahí son aceptables moralmente para los tramposos y cambiantes estándares religiosos del régimen y quiénes no. Estaban pidiendo audiencia, son autoridades elegidas por los ciudadanos —por ‘el pueblo’, pues— y no cometieron ningún delito. No hay justificación para arrojarles gas desde la casa del presidente. Ni aunque haya sido poquito, como con perversidad sugirió el estrambóticamente orweliano-kafkiano comunicado oficial de Presidencia: «Se dispersó una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente, que no puso en riesgo la vida de ninguna persona». Ah, bueno.
SACIAMORBOS
Hace unos días, el Juez Noveno de Distrito de Baja California, Miguel León Bio, determinó echar para abajo la titulación de mil 700 hectáreas de la Bahía de San Quintín, que realizó la SEDATU, en tiempos de Rosario Robles, en favor de personajes vinculados al PRI.
Los terrenos eran propiedad privada y no importó en esa Secretaría. Cerraron la venta, a 74 pesos la hectárea.
Lo denunciamos en Despierta, en la tele, en octubre de 2017. Después de un largo juicio, seguirán siendo áreas de conservación natural, como lo decidió su dueña original, la organización pro ambiental, Terra Peninsular.
Y ahora sabemos que la UIF va contra la exsecretaria por este asunto.