Dos años después de las históricas protestas contra el gobierno en Cuba, las cuales llevaron a la condena de aproximadamente 500 personas, la isla comunista sigue enfrentando una profunda crisis económica y social que genera descontento y también una represión hacia las voces disidentes.
En la jornada de hoy, las calles de La Habana se mantuvieron tranquilas, con sus habitantes llevando a cabo sus actividades diarias como de costumbre. Sin embargo, se pudo constatar que numerosos agentes de seguridad vestidos de civil se encontraban apostados en varias calles, vigilando la situación, según informó la AFP.
La periodista y fundadora del sitio de noticias 14ymedio, Yoani Sánchez, mencionó en un tuit que desde temprano se había desplegado un operativo de la policía política cerca de su edificio, impidiéndole salir a la calle. Por otro lado, el opositor Manuel Cuesta Morúa expresó que se encontraba sin acceso a internet y con una patrulla frente a su domicilio.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles clamando consignas como «Tenemos hambre» y «Abajo la dictadura», tras meses de estricto confinamiento debido a la pandemia de Covid-19 y una crítica situación económica debido a la falta de turistas. Estas protestas fueron algo sin precedentes desde la Revolución de 1959.
Según la ONG Justicia 11J, que ahora tiene su sede fuera de la isla, más de 1,500 personas fueron detenidas durante esas manifestaciones, y cerca de 700 de ellas siguen en prisión. Las autoridades han impuesto sentencias a alrededor de 500 presos, algunos de hasta 25 años.
El gobierno de la isla volvió a acusar a Estados Unidos de haber organizado las marchas con el objetivo de derrocarlo. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que desde Estados Unidos se instigó y orientó la violencia y las provocaciones contra las autoridades cubanas, y se llevó a cabo una campaña para retratar al país como una nación en crisis social.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a la comunidad internacional a unirse en la demanda al gobierno cubano para la liberación de cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros individuos injustamente encarcelados.
Dos años después de las protestas, Cuba lucha por superar su peor crisis en décadas
Apesar de que el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó hace un año que Cuba superaría la «compleja situación económica», el país de 11 millones de habitantes sigue luchando por salir de la crisis en la que se encuentra.
La inflación descontrolada, la lenta recuperación del turismo, la disminución de la producción azucarera, los altos precios internacionales que agravan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración récord son factores internos y externos que se han combinado para llevar a Cuba a su peor crisis desde la década de 1990.
Según Yaneysi, una vendedora de artesanías de 31 años, «la situación económica está igual o peor que antes del 11 de julio, hay menos comida, menos medicamentos y los precios están por las nubes». La mujer compartió su perspectiva con la AFP y expresó la dificultad de obtener lo necesario, diciendo que «hay que volverse mago».
Ante estas dificultades, el gobierno ha acelerado la apertura económica hacia el sector privado, que hasta ahora ha estado dominado por empresas estatales. Esto ha aliviado ciertas carencias, pero también ha incrementado las desigualdades debido a los altos precios en el mercado.
Muchos cubanos encarcelados
A pesar de las severas sentencias impuestas a los participantes en las protestas del 11 de julio, los cubanos, quienes se encuentran en una situación material extremadamente precaria, no dudan tanto en expresar su descontento con las autoridades.
En 2022, surgieron protestas esporádicas debido a los cortes de electricidad en diversas provincias y en La Habana. En mayo, decenas de personas se manifestaron contra la escasez de alimentos y medicinas en Caimanera, una pequeña localidad ubicada a mil kilómetros al este de La Habana.
El sociólogo Rafael Hernández sostiene que «las protestas reflejan la pérdida de credibilidad» del Gobierno, que está haciendo esfuerzos por encontrar soluciones a la crisis.
Los opositores y activistas denuncian frecuentemente detenciones arbitrarias, acoso y presiones para abandonar el país. Recientemente, Justicia 11J lanzó una campaña para alertar sobre el arresto de «diez activistas y disidentes cubanos» que siguen encarcelados, en medio de una «nueva ola de represión».
Jóvenes activistas que se convirtieron en el rostro de la movilización, como el dramaturgo Yunior García y la historiadora de arte Carolina Barrero, se vieron obligados a abandonar Cuba. Otros fueron detenidos, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue condenado a cinco años de prisión y que recientemente inició una huelga de hambre.
Quince organizaciones de derechos humanos latinoamericanas, entre ellas Civil Rights Defenders y Artículo 19, han pedido a la Unión Europea y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que «exijan» a La Habana «garantizar el derecho a la protesta y liberar» a los manifestantes encarcelados.
Tanto el Vaticano como la Unión Europea también han solicitado la liberación de los manifestantes que se encuentran detenidos.